Punto y Aparte

Me preocupa, pero no me sorprende, que el Estado peruano haya decidido financiar la defensa legal de los consejeros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Jaime de la Puente Parodi y Víctor Chanduví, investigados por presuntamente favorecer a Patricia Benavides. Lo que debería ser una excepción el uso de fondos públicos para defender a funcionarios en casos de dudosa ética se ha normalizado como si fuera un derecho incuestionable. No lo es. Se trata, más bien, de un privilegio que corroe la ya frágil credibilidad de nuestras instituciones.    Las resoluciones N.º 070-2025-DG-JNJ y N.º 073-2025-DG-JNJ, que autorizan este financiamiento, se amparan en formalismos legales, pero ignoran el trasfondo moral del asunto. De la Puente y Chanduví no son simples empleados públicos enfrentando acusaciones infundadas; son autoridades investigadas por avocamiento ilegal y omisión de funciones en un caso que benefició directamente a Benavides, una figura rodeada de escándalos. Peor aún, De l...

La renuncia de Giovanna Díaz, secretaria general de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Su salida no es un simple trámite administrativo, sino la confirmación de que la resolución que repuso a Patricia Benavides como fiscal de la Nación está manchada de irregularidades. Cada detalle de este caso revela un procedimiento viciado, una decisión tomada al margen de la ley y, lo más grave, un intento por legitimar lo ilegítimo.    El hecho de que Díaz no haya sido convocada a la sesión del 9 de junio es inadmisible. Según el reglamento interno de la JNJ, su presencia era obligatoria para validar cualquier acta. Sin su firma, el documento carece de sustento jurídico. Pero lo más revelador es que los consejeros firmaron el acta días después, cuando el escándalo ya había estallado. Esto no es un simple error procedimental; es una clara manipulación para dar apariencia de legalidad a una decisión que, desde su origen, fue arbitraria. La prisa por justificar lo injustificable solo confi...