LA RENUNCIA QUE DESNUDA LA ILEGALIDAD

La renuncia de Giovanna Díaz, secretaria general de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Su salida no es un simple trámite administrativo, sino la confirmación de que la resolución que repuso a Patricia Benavides como fiscal de la Nación está manchada de irregularidades. Cada detalle de este caso revela un procedimiento viciado, una decisión tomada al margen de la ley y, lo más grave, un intento por legitimar lo ilegítimo.

  
El hecho de que Díaz no haya sido convocada a la sesión del 9 de junio es inadmisible. Según el reglamento interno de la JNJ, su presencia era obligatoria para validar cualquier acta. Sin su firma, el documento carece de sustento jurídico. Pero lo más revelador es que los consejeros firmaron el acta días después, cuando el escándalo ya había estallado. Esto no es un simple error procedimental; es una clara manipulación para dar apariencia de legalidad a una decisión que, desde su origen, fue arbitraria. La prisa por justificar lo injustificable solo confirma que hubo algo que ocultar.

  
Además, la sesión fue catalogada como "extraordinaria", cuando el reglamento exige que una nulidad de oficio como la que se aplicó en el caso Benavides se resuelva en una sesión ordinaria. Este cambio de categoría no es casual. Fue una artimaña para saltarse las normas y forzar un resultado. Peor aún, la numeración del acta (061-01) sugiere que se inventó una secuencia para encubrir el vacío legal. Fuentes internas revelan que el documento se preparó después del escándalo, cuando ya era evidente que la reposición de Benavides no resistía el menor escrutinio.

  
La renuncia de Díaz no fue un acto de cobardía, sino de coherencia. En su carta, dejó constancia de que no fue convocada ni informada, una omisión grave que invalida todo el proceso. Pero el problema no termina ahí. La ausencia de la firma de Francisco Távara, otro miembro de la JNJ, suma otra capa de ilegalidad. Incluso se ha denunciado que documentos clave fueron entregados de manera informal, sin firma ni sello, como si se tratara de papeles sin importancia. Todo esto apunta a una misma conclusión: la decisión de reponer a Benavides fue un montaje.

  
Lo ocurrido en la JNJ no es solo un incumplimiento de formalidades; es un ataque directo a la institucionalidad. Cuando las normas se adaptan para beneficiar a unos pocos, la justicia deja de ser imparcial para convertirse en un instrumento de poder. La renuncia de Giovanna Díaz es el síntoma de un sistema enfermo, donde la legalidad se sacrifica en nombre de intereses oscuros. Si algo queda claro en este caso, es que el acta que restituyó a Benavides no vale más que el papel en el que está impresa. Y quienes la firmaron deberán responder por ello.