Punto y Aparte

La propuesta planteada por Jorge Nieto sobre la posibilidad de que Keiko Fujimori considere un indulto para Pedro Castillo vuelve a colocar sobre la mesa uno de los debates más delicados de la política peruana: la diferencia entre la necesidad de reconciliación nacional y la obligación de preservar la vigencia del Estado de derecho. En un país agotado por años de enfrentamientos, crisis institucionales y polarización permanente, la idea de “descomprimir” el ambiente político puede resultar atractiva para amplios sectores de la ciudadanía. Sin embargo, convertir esa aspiración en una justificación para revisar una condena vinculada a un intento de ruptura del orden democrático implica abrir una discusión que exige prudencia, coherencia y respeto por las instituciones. La crisis peruana no nació con Pedro Castillo ni terminará con su permanencia en prisión. La fractura social que atraviesa al país es el resultado de décadas de desconfianza hacia la clase política, desigualdades persiste...

La convocatoria de una marcha nacional impulsada por Juntos por el Perú para el 19 de junio surge en uno de los momentos más tensos e inciertos del actual proceso electoral. La estrecha diferencia entre las candidaturas en disputa, la existencia de actas observadas y los recursos presentados ante los organismos electorales han convertido el desenlace de la segunda vuelta en un asunto de enorme sensibilidad política. En ese contexto, la movilización ciudadana aparece como una expresión legítima dentro de una democracia que reconoce el derecho a la protesta y a la vigilancia del proceso electoral. Sin embargo, la verdadera relevancia de esta convocatoria no radica únicamente en la ocupación de las calles, sino en el mensaje que transmite sobre la necesidad de preservar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la voluntad popular. El escenario actual refleja una crisis más profunda que la simple disputa por unos miles de votos. Durante años, la política peruana ha acum...

La posible visita del papa León XIV al Perú ha despertado una expectativa comprensible debido a los profundos vínculos que el pontífice mantiene con el país. Sin embargo, el entusiasmo que rodea el anuncio preliminar de un recorrido por ciudades como Lima, Callao, Chiclayo, Pucallpa y Arequipa también exige una mirada crítica sobre la manera en que el Estado, las instituciones religiosas y la sociedad suelen abordar este tipo de acontecimientos. Más allá de la relevancia espiritual de la presencia papal, resulta necesario evitar que el evento sea reducido a una operación simbólica destinada a producir imágenes memorables mientras permanecen intactos los problemas estructurales que afectan a millones de peruanos. La magnitud de una visita de esta naturaleza solo adquiere verdadero sentido cuando logra trascender el espectáculo y convertirse en una oportunidad de reflexión colectiva sobre la realidad nacional.  La selección de ciudades proyecta un mensaje de integración territorial q...

La reciente incorporación del equipo técnico de Alfonso López Chau al proyecto presidencial de Juntos por el Perú ha sido presentada como una muestra de unidad política y madurez democrática. Sin embargo, detrás de ese discurso conciliador aparece una operación electoral construida sobre conveniencias momentáneas y cálculos estratégicos que revelan la persistente fragilidad de los partidos peruanos. La alianza no expresa una coincidencia ideológica sólida ni una visión compartida de país, sino una necesidad urgente de supervivencia política frente a un escenario marcado por la desconfianza ciudadana y la improvisación dirigencial. Roberto Sánchez ha intentado proyectar la imagen de un bloque progresista capaz de reunir profesionales y especialistas para fortalecer un eventual gobierno. No obstante, la rapidez con la que se han producido estos acercamientos demuestra que las organizaciones involucradas priorizan la acumulación de respaldo electoral antes que la construcción transparente...

La reciente decisión del Poder Judicial de declarar inaplicable la inhabilitación de diez años impuesta por el Congreso contra Delia Espinoza representa mucho más que un episodio jurídico aislado. El fallo evidencia el deterioro institucional que atraviesa el país y confirma la utilización recurrente de los mecanismos parlamentarios como instrumentos de represalia política. La sanción aprobada contra la exfiscal de la Nación nació rodeada de sospechas sobre su verdadera motivación, especialmente porque varios sectores del Congreso mantenían enfrentamientos abiertos con fiscales que impulsaban investigaciones incómodas para determinados grupos políticos. La resolución judicial, por ello, no solo corrige una medida desproporcionada, sino que expone la fragilidad democrática provocada por el abuso de poder dentro del Parlamento. El caso revela un problema que se ha vuelto constante durante los últimos años: la normalización de decisiones políticas revestidas de legalidad aparente. El Cong...

La crisis política desatada tras la censura del presidente José Jerí y la elección de José María Balcázar como presidente de la Mesa Directiva —y presidente encargado de la República— ha empezado a reflejarse en las preferencias del electorado de cara a las Elecciones Generales del 12 de abril. De acuerdo con los datos difundidos por Ipsos, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, mantiene el primer lugar en intención de voto, pero su respaldo se reduce de 12% en la primera quincena de febrero a 10% en la medición actual. Este retroceso lo devuelve a niveles similares a los que había sostenido durante gran parte del año pasado, lo que podría indicar un desgaste ante el electorado en un contexto de alta incertidumbre política. Diversos analistas señalan que la participación activa de su bancada en la censura de Jerí y el posterior desenlace que permitió la elección de Balcázar habrían generado costos políticos que ahora empiezan a reflejarse en las encuestas...