ENTRE LA RESISTENCIA Y LA DESOBEDIENCIA JUDICIAL

Pedro Castillo, el exmandatario peruano que en su momento representó una figura controversial, sigue generando polémica incluso mientras enfrenta un juicio por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En la última audiencia, su actitud desafiante ante la jueza Norma Carbajal y su defensa del derecho a no ser representado por un abogado de oficio, ha desbordado los límites de lo que podría considerarse una defensa legítima. Cuando Castillo, sin micrófono, lanzó la frase “estoy secuestrado”, no solo desafió el proceso judicial, sino que también hizo un llamado a sus seguidores a mantener la narrativa de victimización que ha sido parte de su discurso desde su destitución.

Es claro que el exmandatario no se encuentra dispuesto a reconocer la legitimidad del juicio que se le sigue, lo cual podría considerarse un acto de resistencia ante lo que él percibe como una persecución política. Sin embargo, su comportamiento, que ha incluido insultos a la jueza y un rechazo explícito a las normas procesales, no hace más que complicar su situación ante la opinión pública y ante el propio sistema judicial. La postura de Castillo parece ser la de una persona que, en lugar de someterse a la ley, busca seguir cultivando la imagen de un líder que lucha contra un sistema corrupto que lo ha encarcelado injustamente.

A lo largo de los últimos meses, Castillo ha mostrado una actitud recurrente de confrontación y desacato. El rechazo a ser identificado formalmente, la constante negación de su representación legal y sus intervenciones despectivas durante las audiencias son pruebas de que el exmandatario no está dispuesto a asumir un proceso judicial en el marco de lo que se considera una justicia imparcial. Esto no solo obstaculiza el desarrollo del juicio, sino que también refleja una peligrosa postura que podría incitar a sus seguidores a cuestionar la legitimidad de las instituciones democráticas.

Es preciso reconocer que, aunque Castillo tiene derecho a la autodefensa y a presentar su versión de los hechos, su constante actitud desafiante y despectiva hacia el tribunal pone en duda la sinceridad de su defensa. ¿Está realmente buscando una resolución justa, o está usando el proceso como un escenario para seguir alimentando su discurso de resistencia? Las evidencias y los testimonios del caso Golpe de Estado podrían ofrecer un panorama claro, pero su comportamiento durante las audiencias no ayuda a que el juicio se desarrolle con la seriedad que exige un proceso judicial de esta magnitud.

A lo largo de su gestión, Castillo demostró ser un líder polarizador, y su actitud en este juicio parece confirmar que no ha cambiado. Al rechazar los procedimientos y al intentar burlar las normativas del juicio, está enviando un mensaje de que no solo se niega a asumir la responsabilidad de sus actos, sino que también busca seguir protagonizando un espectáculo que distrae de la verdadera cuestión: la grave acusación que enfrenta. Al final, más allá de las peleas verbales y las declaraciones de secuestro o persecución, el juicio debe centrarse en el respeto a la ley, algo que, hasta ahora, el exmandatario parece ignorar.