LA DIGNIDAD Y LA AUTODESTRUCCIÓN

Nunca he creído que la política peruana haya sido terreno fértil para los principios. Aun así, confieso que me sorprende la profundidad del deterioro que estamos presenciando en Juntos por el Perú (JP). La sola idea de que se baraje una alianza con Antauro Humala, un personaje condenado por el asesinato de policías y conocido por su discurso autoritario y violento debería haber sido motivo de alarma inmediata en cualquier organización que pretenda representarse como progresista y democrática. Las bases regionales de JP, con claridad y firmeza, han rechazado este despropósito, y yo no podría estar más de acuerdo.

Lo que más indigna no es solo la propuesta en sí, sino la manera en que ha sido manejada. Roberto Sánchez, presidente del partido, actuó a espaldas de las bases, pasando por encima de los procedimientos internos y de los mínimos requisitos democráticos que un partido serio debe respetar. No se consultó al Comité Ejecutivo Nacional, no se llevó a cabo votación alguna bajo el principio de "un militante, un voto", y ni siquiera se convocó a un congreso nacional como exige el estatuto. Esta imposición autoritaria revela un desprecio absoluto por la participación de la militancia y confirma una tendencia peligrosa hacia el caudillismo interno.

Más preocupante aún es el riesgo legal que esta alianza implica. El antecedente de la cancelación del partido A.N.T.A.U.R.O. por atentar contra el orden democrático no es un detalle menor: podría costarle a Juntos por el Perú su inscripción electoral. ¿Qué clase de dirigencia es capaz de poner en peligro la existencia misma de su organización por un cálculo oportunista? Solo una dirigencia desconectada de sus bases y obsesionada con la sobrevivencia personal a cualquier precio. Queda claro que aquí no se trata de construir un proyecto político sólido, sino de improvisar una alianza electoral al borde del abismo ético.

El episodio de la suspensión de Vanessa Chihuanhuaylla, presidenta del Comité de Ética de JP, cierra el círculo vicioso que amenaza con devorar al partido desde adentro. Se persigue a quienes alzan la voz, se sanciona a quienes exigen transparencia y respeto por las normas internas. El argumento de que habría emitido resoluciones de forma unilateral carece de peso si se compara con la gravedad de los hechos que ella denuncia: adulteración de actas, irregularidades en la elección del CEN, y, sobre todo, la claudicación ante un liderazgo impresentable como el de Antauro Humala. La verdadera falta grave aquí no ha sido la protesta, sino la traición a los principios fundacionales del partido.

Mirando todo este panorama, resulta evidente que Juntos por el Perú atraviesa una crisis de identidad que no puede resolverse con discursos tibios ni acuerdos de último minuto. Si algo queda en pie en la organización, es gracias a la integridad de las bases que, desde Arequipa, La Libertad, Áncash, Moquegua y otros rincones del país, han decidido no vender su dignidad política a cambio de supuestas ventajas electorales. No se trata solo de rechazar a Antauro Humala como candidato: se trata de defender la idea misma de que en política, no todo vale.

Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que un partido sin ética, sin democracia interna y sin respeto a sus propios militantes, no merece sobrevivir. Y si Juntos por el Perú decide entregarse al caudillismo y al oportunismo, entonces, también deberá aceptar que su desaparición será no solo inevitable, sino merecida.