OSCORIMA NO PODRÁ ESCONDERSE TRAS BOLUARTE

El Poder Judicial acaba de cerrarle la puerta a Wilfredo Oscorima en su intento por escudarse en la figura de Dina Boluarte para evitar ser investigado en el caso Rolex. El juez César San Martín, al rechazar su recurso, confirmó lo que muchos ya sospechábamos: no hay atajos legales para evadir la justicia cuando no se tiene inmunidad. La estrategia del gobernador regional de Ayacucho fue clara desde el principio: vincular su proceso al de la presidenta para dilatar cualquier acción en su contra, aprovechando que, a ella, por su condición, no se la puede investigar con la misma celeridad. Pero la justicia, esta vez, no se dejó engañar.

  

El argumento de Oscorima que su derecho al debido proceso estaba siendo vulnerado no solo carecía de sustento, sino que revelaba una intención calculada. Su defensa buscaba ampararse en la sombra de Boluarte, confiando en que, mientras el Congreso no levantara su inmunidad, él podría permanecer en una cómoda zona gris de investigaciones preliminares sin consecuencias. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema fue contundente: no hay conexión procesal que justifique paralizar su caso. Oscorima no es un funcionario con fuero constitucional, y pretender equiparar su situación con la de la presidenta no solo era absurdo, sino un claro intento de manipulación legal.

  

Lo más preocupante de este episodio no es solo la actitud de Oscorima, sino lo que revela sobre nuestra cultura política. El caso Rolex no se trata simplemente de unos relojes caros; es la punta del iceberg de un sistema en el que los favores políticos se disfrazan de obsequios, y donde ciertos funcionarios creen que pueden operar al margen de la ley si se mueven entre los resquicios del poder. La Fiscalía sostiene que esos lujosos regalos tenían un propósito claro: influir en decisiones de gobierno para beneficiar a Ayacucho. Si eso se comprueba, estaríamos ante un caso de cohecho en toda regla, una práctica que corroe las instituciones y profundiza la desconfianza ciudadana.

El desenlace de este caso será una prueba clave para el sistema judicial. Oscorima deberá enfrentar las investigaciones sin subterfugios, y la Fiscalía no puede permitirse vacilaciones. Si la justicia actúa con firmeza, sentará un precedente importante: nadie, ni siquiera quienes se creen protegidos por su cercanía al poder, está por encima de la ley. Mientras tanto, Boluarte sigue bajo la lupa, pero su inmunidad no debería ser un escudo perpetuo. El Congreso tiene la responsabilidad de evaluar con seriedad las acusaciones en su contra. La impunidad, ya sea por privilegios legales o por maniobras dilatorias, no puede ser el final de esta historia.

  

Este fallo judicial es un pequeño triunfo para la transparencia, pero la batalla contra la corrupción está lejos de terminar. Que Oscorima no logre evadir la investigación es un paso necesario, pero insuficiente si no viene acompañado de una rendición de cuentas real. El mensaje debe ser claro: en un Estado de derecho, ni los relojes de lujo ni las influencias políticas compran impunidad.