LA OPACIDAD QUE SE ESCONDE TRAS LA BUROCRACIA

La Contraloría General de la República anunció, mediante una resolución publicada en "El Peruano", que suspenderá por un año la publicación de los anexos y apéndices de sus informes de control. El argumento es operativo: necesitan tiempo para digitalizar documentos y superar supuestas limitaciones técnicas. Pero tras esta justificación burocrática se esconde una decisión que debilita la transparencia en un país donde la corrupción ha demostrado ser una amenaza constante. No se trata solo de un retraso administrativo; es un retroceso en el derecho de los ciudadanos a saber cómo se gastan sus impuestos.  
La resolución explica que las áreas técnicas de la Contraloría enfrentan dificultades para cumplir con la publicación íntegra de los informes. Sin embargo, llama la atención que, en plena era digital, un organismo estatal cuya razón de ser es fiscalizar el uso de los recursos públicos alegue falta de capacidad para subir documentos a un portal web. Más sospechoso aún es el plazo: un año entero. ¿Realmente se necesita tanto tiempo para digitalizar archivos? La lentitud no es una excusa válida cuando se trata de transparencia, sobre todo en un contexto donde cada día aparecen nuevos casos de obras públicas mal ejecutadas, sobrevaloradas o directamente ficticias.  
La ley es clara: los informes de control deben ser públicos una vez culminados. Los anexos no son simples complementos; son la evidencia que sustenta las observaciones. Sin ellos, los ciudadanos solo acceden a conclusiones generales, sin poder verificar los datos detrás de las irregularidades detectadas. Esto no es un tecnicismo: es la diferencia entre una fiscalización real y un maquillaje de rendición de cuentas. La Contraloría invoca el principio de reserva durante las investigaciones, pero aquí no se habla de procesos en curso, sino de informes ya terminados. No hay justificación legal para retrasar su difusión.  
El mensaje que envía esta decisión es peligroso. Si un organismo de control empieza a ocultar información bajo el argumento de "dificultades operativas", ¿Qué impedirá que otros hagan lo mismo? La transparencia no puede depender de la comodidad de las instituciones. Peor aún, la medida llega en un momento en que la ciudadanía exige más acceso a la información pública, no menos. Cada vez que se restringe el escrutinio, se abre la puerta a la opacidad y, con ella, al abuso.  
No niego que pueda haber problemas logísticos, pero un año es un plazo desproporcionado. Si la Contraloría no tiene la capacidad para cumplir con su propia normativa, debería priorizar una solución inmediata en lugar de concederse un respiro que beneficia más a los fiscalizados que a la sociedad. La verdadera función del control no es producir informes, sino garantizar que la ciudadanía pueda exigir responsabilidades. Sin datos completos, esa tarea queda mutilada.  
El desenlace de esta historia ya lo conocemos: cuando la opacidad gana terreno, la corrupción celebra. La Contraloría tiene la obligación de rectificar esta decisión. Un organismo que debe vigilar el uso de lo público no puede permitirse el lujo de esconder información. Si algo hemos aprendido en los últimos años, es que sin transparencia no hay control, y sin control, el dinero público termina en los bolsillos equivocados. Un año sin anexos es un año de ventaja para quienes prefieren trabajar en las sombras.