LA REELECCIÓN EN LA SUNEDU

No es casualidad que el Congreso, una vez más, busque extender el mandato de los actuales consejeros de la Sunedu. Lo que parece un simple ajuste legal es, en realidad, la consolidación de una contrarreforma que viene minando, desde hace años, los esfuerzos por garantizar una educación universitaria de calidad en el Perú. La excusa es "equilibrar la representación", pero el verdadero objetivo es claro: perpetuar un modelo que beneficia a intereses particulares y debilita el sistema de fiscalización.
El proyecto impulsado por Katy Ugarte, respaldado por el Bloque Magisterial, no solo pretende reelegir a los actuales consejeros incluyendo al polémico superintendente Manuel Castillo, sino que también busca aumentar la influencia de las universidades privadas en el consejo directivo. Bajo el argumento de una "participación equilibrada", se les otorgaría mayor peso en las decisiones, lo que, en la práctica, significa más poder para instituciones que históricamente han priorizado el lucro sobre la calidad educativa. Peor aún, se busca reforzar la figura del superintendente con voto dirimente, concentrando aún más autoridad en manos de quienes han demostrado poca transparencia y menos voluntad de fiscalizar con rigor.
La gestión de Castillo ha sido, desde el inicio, una sucesión de decisiones cuestionables. Desde agilizar el reconocimiento de un rector luego condenado por corrupción hasta eliminar direcciones clave de fiscalización, su paso por la Sunedu ha sido un retroceso sistemático. Ahora, con este proyecto, se pretende que él y otros consejeros sigan al mando, ignorando las críticas y las acciones legales que han intentado frenar este desmantelamiento. Las universidades ya han expresado su preocupación, pero el Congreso parece decidido a imponer su agenda, incluso saltándose los dictámenes técnicos.
Este no es un tema menor. Se trata de un nuevo intento por legitimar un modelo que ya ha demostrado ser perjudicial. Si el Congreso insiste en blindar a estos consejeros, no solo estará validando una gestión opaca, sino que enviará un mensaje peligroso: que la educación superior peruana puede seguir siendo manejada por quienes priorizan conveniencias políticas antes que el futuro de los estudiantes. La contrarreforma sigue avanzando, y cada paso en esta dirección es un golpe más a la ya frágil institucionalidad universitaria.