UN ESCUDO PARA LA IMPUNIDAD

La reciente decisión de la Comisión de Constitución. Con 14 votos a favor, mayoritariamente de partidos como Fuerza Popular, APP, Perú Libre y Renovación Popular, se ha aprobado el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria para el próximo Congreso bicameral del 2026. Este paso, que aún debe ser ratificado por el Pleno, no es solo un retroceso institucional, sino una clara señal de que la clase política prioriza sus privilegios sobre la justicia.  
El argumento detrás de esta medida es tan viejo como falaz: proteger a los legisladores de persecuciones políticas. Sin embargo, la realidad demuestra que la inmunidad ha sido históricamente un salvoconducto para evadir responsabilidades. Bajo este mecanismo, ningún congresista podrá ser procesado o detenido por delitos comunes sin la autorización del Parlamento, incluso en casos de flagrancia. El Congreso tendrá 24 horas para decidir si levanta la inmunidad, pero, como bien sabemos, ese plazo puede convertirse en una herramienta de dilación. ¿Cuántos casos de corrupción o abuso quedarán impunes bajo este paraguas?  
Lo más preocupante es el mensaje que envía esta decisión. En un país donde la desconfianza en el Congreso es abrumadora, restaurar la inmunidad no hace más que reforzar la percepción de que los políticos se blindan ante la ley. El excongresista Luis Roel tiene razón al advertir que esto incentivará a personas con motivos oscuros a buscar un escaño, no para servir, sino para protegerse. Ya lo hemos visto antes: legisladores involucrados en actos de corrupción, violencia o colusión que, gracias a estas prerrogativas, eludieron consecuencias. La eliminación de la inmunidad en 2021 fue un avance, aunque insuficiente. Hoy, pretenden borrarlo con un solo movimiento.  
Los nombres de quienes respaldaron esta iniciativa son reveladores. Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, Waldemar Cerrón, Alejandro Muñante, entre otros, han priorizado los intereses de su casta antes que los de la ciudadanía. Mientras tanto, las voces críticas, como las de Ruth Luque o Víctor Cutipa, quedaron opacadas por una mayoría cómoda en su impunidad. Incluso la abstención de figuras como José Williams o Héctor Valer resulta complaciente.  
No se trata de negar garantías procesales, sino de evitar que el poder legisle en su propio beneficio. Si el Pleno ratifica este dictamen, estaremos ante un Congreso que, lejos de representar a la gente, se consolida como un club de inmunes. La justicia debe ser igual para todos, especialmente para quienes hacen las leyes. De lo contrario, la democracia seguirá siendo solo una fachada.