COMO POLÍTICA DE ESTADO

El Congreso ha dado un paso más en su intento por convertir la impunidad en ley. La reciente aprobación del dictamen que otorga amnistía a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno no es solo un error jurídico, sino una traición a la memoria de las víctimas. Con 15 votos a favor en la Comisión de Constitución, liderada por Fernando Rospigliosi, se confirma lo que ya sospechábamos: para ciertos sectores políticos, la justicia es negociable cuando se trata de proteger a los suyos.  

El argumento de sus promotores que estos agentes del Estado "combatieron el terrorismo" es una simplificación peligrosa. Nadie discute la necesidad de enfrentar a grupos subversivos, pero eso no justifica crímenes de lesa humanidad. Casos como Accomarca, Putis o las fosas comunes de Ayacucho no fueron actos de guerra legítimos, sino masacres sistemáticas contra poblaciones indefensas. Pretender equiparar la lucha antiterrorista con la eliminación de civiles es una distorsión grotesca de la historia. Lo que hoy se debate no es la inocencia o culpabilidad individual eso corresponde a los tribunales, sino el derecho de un país a juzgar sus peores atrocidades.  

Lo más revelador es la composición de los votos. Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y otros grupos conservadores han cerrado filas en torno a una narrativa que ya conocemos: la de que cualquier intento de justicia es una "persecución política". No es casualidad que Rospigliosi, quien públicamente defendió a un condenado por liderar un escuadrón de la muerte, hoy impulse esta ley. Tampoco sorprende el silencio cómplice de quienes, absteniéndose, evitan asumir una postura clara. Mientras tanto, las víctimas muchas de ellas aún buscando a sus desaparecidos ven cómo el Estado prioriza el perdón institucionalizado sobre la verdad.  

El proyecto, además, es deliberadamente ambiguo. Al no excluir delitos graves como desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, abre la puerta a que estos queden impunes bajo el pretexto de haber sido cometidos "en contexto de terrorismo". Esto no solo viola tratados internacionales suscritos por el Perú, sino que envía un mensaje devastador: que algunos crímenes pueden ser absueltos por decreto. Organizaciones de derechos humanos ya han advertido que, de aprobarse en el Pleno, esta ley podría llevar al país ante cortes internacionales. Pero a juzgar por la arrogancia del oficialismo, parece dispuesto a asumir ese costo con tal de reescribir el pasado.  

El verdadero objetivo de esta amnistía no es proteger a supuestos héroes, sino blindar a un sistema que nunca ha asumido su responsabilidad histórica. Es la misma lógica que durante el fujimorismo intentó lavar las manos de quienes torturaron y asesinaron en nombre del orden. Hoy, bajo un discurso de "reconciliación", se busca enterrar la posibilidad de justicia. Pero una sociedad que olvida sus heridas no avanza: solo perpetúa el ciclo de violencia. Si algo debería enseñarnos el conflicto interno es que la impunidad no trae paz, sino más dolor. Y este dictamen, lejos de cerrar heridas, las reabre con cinismo.