DINA BOLUARTE Y EL PERITAJE QUE NO CONVENCIÓ A NADIE

Cuando un informe pericial encargado por la Fiscalía genera más dudas que certezas, es inevitable preguntarse si hubo negligencia, complicidad o simple incompetencia. El caso de las supuestas firmas falsas en los decretos firmados durante la recuperación estética de Dina Boluarte es un ejemplo perfecto de cómo una investigación clave puede desmoronarse por fallas metodológicas, omisiones sospechosas y una selección de evidencia que parece hecha a medida para favorecer a la presidenta.  

El perito José Daniel Huapaya Verástegui tenía una tarea clara: analizar 91 decretos para determinar si las firmas de Boluarte eran auténticas o si, como sospechaba la Fiscalía, habían sido falsificadas mientras ella estaba incapacitada tras una cirugía. Sin embargo, su informe terminó siendo un ejercicio de selectividad cuestionable. No revisó todos los documentos, evitó precisamente aquellos emitidos en fechas críticas como el 29 de junio, cuando Boluarte estaba en plena convalecencia y justificó su muestra como "aleatoria", un término poco técnico y demasiado conveniente. ¿Aleatoriedad o conveniencia? La línea parece difusa cuando el resultado final debilita la acusación y deja intacta la versión oficial.  

Pero lo más grave no es solo lo que el perito omitió, sino lo que otros peritajes independientes encontraron. Mientras Huapaya entregaba un análisis incompleto, informes encargados por el cirujano Mario Cabani uno de los investigados detectaron que al menos una de las firmas atribuidas a Boluarte en un decreto del Ministerio de Salud no era suya. Peor aún: documentos firmados en días en que la presidenta, según testimonios y registros médicos, no estaba en condiciones físicas de hacerlo, llevaban como lugar de suscripción la "Casa de Gobierno", cuando en realidad ella se recuperaba fuera de Palacio. Estos hallazgos no son detalles menores; son contradicciones que apuntan a una posible falsificación sistemática.  

El Ministerio Público enfrenta ahora un problema de credibilidad. Presentó una acusación constitucional debilitada por un peritaje tardío y deficiente, y aunque evalúa sancionar al perito, el daño ya está hecho. Pero hay algo más inquietante: la posibilidad de que haya existido coordinación entre el entorno de Boluarte y algunos fiscales para desactivar la imputación más grave. Si esto se confirma, ya no estaríamos hablando solo de negligencia, sino de una maniobra deliberada para proteger a la presidenta.  

El caso no debería cerrarse aquí. Las irregularidades en el peritaje, sumadas a los informes privados que contradicen la versión oficial, exigen una reapertura con nuevos análisis y, sobre todo, con peritos que no eludan los documentos incómodos. Porque cuando la justicia parece esquivar la verdad, la ciudadanía tiene derecho a desconfiar. Y en este caso, hay demasiadas sombras como para conformarse con un informe incompleto.