EL CASO KUCZYNSKI Y LA SOMBRA DE LA ARBITRARIEDAD

El impedimento de salida del país dictado contra Pedro Pablo Kuczynski no es solo un capítulo más en la interminable saga de corrupción que atraviesa el Perú. Es, más bien, un reflejo distorsionado de un sistema judicial que oscila entre la urgencia punitiva y la inconsistencia procesual. A sus 87 años, el expresidente enfrenta una medida que, aunque legal, no está exenta de cuestionamientos sobre su oportunidad y motivación. La jueza Margarita Salcedo redujo a 18 meses el pedido inicial de la Fiscalía que buscaba 36, pero incluso ese plazo parece más un acto de equilibrio político que una decisión técnica. 

 
El argumento del fiscal Carlos Puma Quispe sobre el "inminente peligro de fuga" resulta peculiar. Kuczynski no huyó durante los siete años que duró la investigación, ni cuando su salud se deterioró, ni cuando las acusaciones se multiplicaron. ¿Por qué lo haría ahora, cuando su avanzada edad y su perfil público lo convierten en un fugitivo improbable? La alerta migratoria que lo detuvo en el aeropuerto parece más un recurso preventivo desesperado que una prueba de riesgo real. La Fiscalía insiste en su teoría: lo señala como líder de una organización criminal dentro de Peruanos por el Kambio, acusándolo de recibir dinero de Odebrecht y el Club de la Construcción mediante el "pitufeo" y aportantes falsos. Sin embargo, hasta ahora, las pruebas presentadas son más circunstanciales que contundentes.  

Lo más preocupante, sin embargo, no es la medida en sí, sino cómo se ejecutó. La defensa de Kuczynski denunció vicios procesales graves: una audiencia reprogramada para un domingo, una notificación entregada apenas hora y media antes, y la negativa a revisar resoluciones previas que según su abogado acreditaban que no existían restricciones vigentes. La jueza Salcedo defendió el procedimiento, pero es difícil ignorar el tufo de arbitrariedad. Cuando un sistema judicial actúa con premura irregular, alimenta la percepción de que la justicia no es ciega, sino selectiva. 

Kuczynski no es un mártir. Su historial político está manchado por sospechas de corrupción, y su renuncia en 2018 bajo la sombra del Lava Jato lo dejó sin credibilidad. Pero eso no justifica que se ignore el debido proceso. Su recurso de apelación y el habeas corpus presentado son ejercicios legítimos en un Estado de derecho, aunque su eficacia sea dudosa en un sistema donde las reglas parecen moverse según el peso del acusado. 

Al final, este caso trasciende a un expresidente anciano que quería visitar a su esposa. Es una prueba más de que el Poder Judicial peruano sigue siendo un campo de batalla donde lo formal y lo político se mezclan hasta volverse indistinguibles. La medida cautelar puede ser legal, pero su ejecución huele a ensañamiento. Y en un país donde la impunidad y la arbitrariedad son dos caras de la misma moneda, eso debería preocuparnos más que el destino de un solo hombre.