EL REGRESO DE PATRICIA BENAVIES

El intento de reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación no es solo una cuestión jurídica; es un movimiento político que amenaza con desmantelar las pocas barreras que quedan contra la corrupción en el Perú. Su posible retorno al Ministerio Público no solo beneficiaría a Dina Boluarte, investigada por casos como Rolex, las protestas mortales y Qali Warma, sino que también blindaría a decenas de congresistas acusados de delitos graves. La democracia peruana, ya debilitada por sucesivas crisis, no puede permitirse otro capítulo de connivencia entre el poder político y un sistema judicial manipulado.  

Benavides ha dejado clara su postura: considera un "exceso" las denuncias contra la presidenta, a pesar de la gravedad de las acusaciones. Sus declaraciones revelan una predisposición a minimizar procesos clave, como el de genocidio por las muertes durante las protestas. Peor aún, hay indicios de un supuesto pacto entre ambas: según revelaciones periodísticas, Boluarte habría pedido el archivo de investigaciones a cambio de destituir a funcionarios incómodos para Benavides. Esto no es especulación; está documentado en actas fiscales y respaldado por testimonios como el del exasesor Jaime Villanueva. La fiscalía, en lugar de ser un contrapeso, se convertiría en un instrumento de impunidad.  

Pero el peligro no se limita a la presidenta. Más de veinte denuncias constitucionales contra congresistas por mochasueldos, tráfico de influencias y casos como Los Niños podrían quedar en la nada. Benavides ya fue investigada por negociar con legisladores, archivando expedientes a cambio de favores políticos. Congresistas como Kelly Portalatino, Guido Bellido o Rosío Torre, todos con procesos pendientes, respirarían aliviados. El mensaje es claro: si Benavides retoma el control, la justicia será selectiva, protegiendo a los poderosos y castigando solo a quienes carezcan de influencia.  

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) también carga con su parte de responsabilidad. Su decisión de reponer a Benavides, ignorando las graves acusaciones en su contra, es un acto de complicidad. Como señaló Walter Albán, no hay sustento jurídico para que vuelva al cargo, salvo el interés de quienes necesitan evadir la justicia. La JNJ, en lugar de ser un filtro de idoneidad, actúa como un trampolín para quienes buscan impunidad.  

El escenario que se avecina es sombrío. Si Benavides regresa, no habrá independencia en el Ministerio Público, sino un brazo más del poder ejecutivo y legislativo para enterrar casos emblemáticos. Los peruanos, hartos de corrupción y abusos, deben estar alerta. Esto no es solo un ataque a la fiscalía; es un golpe a la frágil institucionalidad que aún intenta sostenerse. La democracia no muere solo con discursos, sino con actos como estos: silenciosos, calculados y letales.