LA DEFENSA DE DELIA ESPINOZA Y EL RIESGO DE LA IMPUNIDAD

No es la primera vez que la institucionalidad peruana se ve amenazada por intereses oscuros, pero lo ocurrido este 16 de junio marca un precedente peligroso. Delia Espinoza, fiscal de la Nación legítimamente designada, ha denunciado lo que muchos temíamos: un intento descarado de vulnerar la democracia. Patricia Benavides, destituida por graves irregularidades, ha buscado retomar el cargo por la fuerza, respaldada por una resolución cuestionable de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y escoltada por un operativo que raya en lo ilegal. Esto no es solo una pugna de poder; es el síntoma de una enfermedad más profunda: la impunidad que se resiste a morir.  

El mensaje de Espinoza es claro: su remoción forzada no sigue ningún procedimiento legal, sino que es una maniobra política disfrazada de formalidad. Lo más grave no es solo el atropello a su autoridad, sino el mensaje que envía a la ciudadanía. Si una fiscal destituida por manipulación de investigaciones como fue el caso de Benavides al interferir en el proceso contra su hermana puede regresar impunemente, ¿Qué garantías quedan para el Estado de derecho? La JNJ, en lugar de ser un contrapeso, se ha convertido en cómplice de esta distorsión. Su resolución no solo genera confusión, sino que socava la credibilidad de todo el sistema.  

Pero el problema no termina ahí. La retirada de la seguridad personal de Espinoza, ordenada desde el Ministerio del Interior, es un acto de intimidación inadmisible. No es casualidad que, justo cuando Benavides irrumpe en la Fiscalía con policías de civil, la actual fiscal quede desprotegida. Esto no es negligencia; es una estrategia calculada. Carlos Malaver, titular del Interior, debe responder por esto. ¿Cómo se explica que el Estado garantice custodia para quien intenta usurpar un cargo, mientras abandona a la autoridad legítima? La sombra de la arbitrariedad es alargada, y cada vez más evidente.  

El respaldo de los trabajadores del Ministerio Público a Espinoza es un rayo de esperanza. Su movilización espontánea demuestra que la ciudadanía institucional aquella que opera desde dentro del sistema aún cree en la defensa de la democracia. Pero no basta con declaraciones ni protestas simbólicas. La comunidad internacional debe estar atenta, porque lo que ocurre hoy en Perú no es un simple conflicto administrativo: es el intento de un grupo por reinstalar la impunidad como norma.  

Si permitimos que esta jugada prospere, el mensaje será devastador: cualquiera con influencias podrá torcer la ley a su antojo. Espinoza tiene razón al llamarlo un golpe a la democracia. No porque lo diga ella, sino porque los hechos lo confirman. La pregunta ahora es si el Perú, una vez más, dejará que la corrupción gane la partida. O si, finalmente, aprenderemos que sin instituciones firmes, no hay futuro posible.