LA LÍNEA QUE EL ESTADO VOLVIÓ A CRUZAR

El 15 de octubre marcó un nuevo punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y las fuerzas del orden. Las calles del país, especialmente las de Lima, se llenaron de miles de voces que reclamaban no solo contra la clase política, sino también contra el desborde del crimen organizado que ha convertido la inseguridad en una epidemia nacional. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de protesta cívica se transformó en un escenario de represión y muerte. Entre los hechos más graves, la pérdida de vida de Eduardo Ruiz Sanz, un joven artista, ha expuesto una vez más las grietas profundas que separan a la sociedad civil del aparato policial y político que debería protegerla.

La revelación de que la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise) envió a cinco grupos de agentes vestidos de civil a la marcha, bajo el argumento de “trabajos de prevención y seguridad”, ha generado indignación y desconfianza. No se trata solo de la presencia encubierta de efectivos policiales, sino del uso inadecuado de divisiones especializadas para operaciones que no corresponden a su ámbito. Esta decisión, lejos de reforzar la seguridad ciudadana, parece haber diluido la frontera entre la investigación criminal y la represión política, un límite que, cuando se cruza, erosiona la legitimidad del Estado.

Los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra, ahora investigados por la Fiscalía por presunto homicidio calificado, no son casos aislados, sino el reflejo de un sistema desorganizado y jerárquicamente opaco. Ambos formaban parte de un equipo designado sin armamento, pero enviados a una movilización que terminó en tragedia. La cadena de mando, encabezada por el teniente Walter Segura y el comandante Luis Prado Mancilla, se vuelve difusa en la práctica, y la responsabilidad se diluye entre oficios, órdenes verbales y supuestas necesidades operativas. Lo inquietante no es solo el exceso cometido, sino la estructura institucional que lo permite y lo encubre.

La suspensión de los generales Felipe Monroy, Marco Conde Cuéllar y Augusto Ríos Tirabanti podría interpretarse como una medida ejemplar. No obstante, el reemplazo inmediato de estas figuras por otros mandos revela más una maniobra de contención que un verdadero acto de transparencia. Mientras los uniformes cambian de nombre, la cultura de impunidad y verticalidad dentro de la Policía Nacional del Perú permanece intacta. La lógica de la obediencia ciega continúa prevaleciendo sobre la ética del servicio público.

El problema no radica únicamente en los agentes que ejecutan las órdenes, sino en la ausencia de control civil y político sobre el accionar policial. Cada operativo encubierto sin fiscalización, cada decisión tomada sin rendición de cuentas, erosiona la confianza en las instituciones y normaliza el abuso. En un país donde la corrupción ha contaminado la estructura estatal, la violencia institucional se convierte en un mecanismo de defensa de los poderosos antes que en una herramienta de justicia.

El caso de Eduardo Ruiz Sanz no debe ser reducido a una estadística ni a un error operativo. Representa una herida abierta en la conciencia democrática del país. Si el Estado continúa utilizando sus fuerzas de seguridad como instrumentos de disuasión política en lugar de protección ciudadana, las calles seguirán siendo campos de confrontación y no de libertad. La justicia, en este contexto, no solo debe sancionar a los culpables directos, sino también desmontar la maquinaria institucional que permitió que la represión se disfrazara de prevención.