11 AÑOS POR INTENTAR DESTRUIR LA DEMOCRACIA: EL REGALO JUDICIAL A PEDRO CASTILLO
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo Terrones leyó un mensaje a la nación con el que pretendió disolver el Congreso, intervenir el sistema electoral y gobernar por decreto. Aquel acto no fue un exabrupto aislado ni una torpe improvisación: fue la culminación de un plan concertado que contó con la complicidad activa de su primera ministra Betssy Chávez, del exministro del interior Willy Huerta y del exasesor Aníbal Torres. La propia sala reconoció que el mensaje fue redactado en Palacio, que Chávez y Torres lo conocían y celebraron su difusión, que Huerta prestó su teléfono para ordenar el cierre del Parlamento y que la expremier facilitó el ingreso irregular de periodistas y luego intentó huir hacia la embajada mexicana utilizando recursos del Estado.
Pese a la contundencia de esas pruebas, la Corte Suprema optó por condenar a los implicados por conspiración para la rebelión y no por rebelión consumada, argumentando que no hubo alzamiento armado efectivo. Con esa decisión técnica, el tribunal rebajó drásticamente la pena: de los casi 34 años que solicitaba la Fiscalía se pasó a apenas 11 años y cinco meses para castillo, Chávez y Huerta, y a 6 años y 8 meses para Torres. Más grave aún, el clasificar el delito como conspiración común y no como ataque al orden constitucional con restricción penitenciaria expresa, la sentencia abre la puerta a que el expresidente se beneficie de cuestionado cómputo 2x1 y pueda abandonar prisión años antes de cumplir siquiera la mitad de su condena.
Resulta paradójico que quien intentó demoler las instituciones democráticas pueda recuperar su libertad con tanta premura gracias a resquicios legales pensados originalmente para delitos menores. Mientras Castillo lleva casi tres años en prisión preventiva, el reloj corre a su favor: si no aparecen nuevas condenas firmes que impongan restricción penitenciaria, podría salir en libertad condicional mucho antes de mayo de 2034. Esa posibilidad no solo ofende la memoria del día en que el país estuvo a punto de caer en una dictadura, sino que envía un mensaje peligrosamente laxo a quienes en el futuro pudieran sentirse tentados a repetir la aventura.
La justicia peruana ha demostrado, una vez más, que es capaz de identificar a los responsables de un golpe de Estado, pero no de castigarlos con la severidad que la gravedad del delito exige. Absolver a Castillo de abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública, y rebajar la tipificación del delito central, equivale a minimizar lo ocurrido. El 7 de diciembre no fue un “pestañeo” inocuo ni un error de cálculo; fue un asalto deliberado al corazón del sistema republicano. Tratarlo como una simple conspiración fallida desnaturaliza su dimensión histórica y debilita la capacidad disuasoria del Estado frente a futuros golpistas.
Solo nuevas condenas firmes por organización criminal, tráfico de influencias o colusión podrían corregir esta indulgencia. Mientras tanto, la sentencia dictada deja un sabor amargo: la democracia peruana sobrevivió al golpe, pero la justicia no ha estado a la altura de la amenaza que enfrentó.
César Ilich Pavel nos presenta un artículo esclarecedor sobre la reciente sentencia del expresidente Pedro Castillo Terrones. En medio de la áspera pugna entre el Ejecutivo y el Congreso, la política peruana volvió a mostrar su faceta más convulsa. Aquel enfrentamiento, teñido de tensiones, cálculos de poder y decisiones al borde del precipicio, dejó una lección inevitable: el expresidente Castillo —como reza el antiguo refrán— fue por lana y salió trasquilado.
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