Punto y Aparte

El penal de Barbadillo, un recinto originalmente diseñado para un solo inquilino de excepción, alberga hoy a cuatro expresidentes peruanos condenados: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Esta concentración carcelaria no refleja un fortalecimiento institucional ni una victoria definitiva de la justicia, sino la culminación de una crisis política estructural que ha corroído la democracia peruana durante más de dos décadas. Lejos de constituir un símbolo de depuración, la imagen de estos exmandatarios tras las rejas expone la profundidad de una patología sistémica que trasciende ideologías y convierte el ejercicio del poder en una oportunidad de enriquecimiento ilícito. La degradación se manifiesta con crudeza en cada trayectoria individual, pero siempre bajo el mismo patrón. Alejandro Toledo, el primer eslabón de esta cadena, encarnó la promesa de modernización técnica y transparencia que terminó reducida a sobornos millonarios de Odebrecht y sofisticadas ...

En el panorama político peruano, donde la confianza en las instituciones se ha erosionado como arena bajo la lluvia torrencial de escándalos, la reciente declaración de Mario Vizcarra emerge como un síntoma alarmante de una dinastía familiar que prioriza los lazos sanguíneos sobre el imperio de la ley. Como precandidato presidencial de Perú Primero, Vizcarra ha manifestado su disposición a considerar el indulto para su hermano Martín, condenado a catorce años de prisión por los casos de corrupción en Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Esta postura, enmarcada en una supuesta imparcialidad —el trato igualitario a todos los expresidentes, sujeto a la recomendación de una comisión evaluadora—, no hace más que desvelar las fisuras profundas de un sistema judicial y político que, en lugar de sanar, se perpetúa en ciclos de impunidad selectiva. Desde esta perspectiva, la propuesta de Vizcarra no representa un acto de equidad, sino una maniobra calculada que socava los principios democrát...

La sentencia dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema contra Pedro Castillo y sus cómplices ha sido presentada por algunos sectores como un triunfo rotundo de la justicia peruana. Sin embargo, un análisis sereno de los hechos revela que, lejos de cerrar heridas, esta resolución expone las profundas fisuras de un sistema penal incapaz de responder con la severidad que merece un atentado contra la democracia. El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo Terrones leyó un mensaje a la nación con el que pretendió disolver el Congreso, intervenir el sistema electoral y gobernar por decreto. Aquel acto no fue un exabrupto aislado ni una torpe improvisación: fue la culminación de un plan concertado que contó con la complicidad activa de su primera ministra Betssy Chávez, del exministro del interior Willy Huerta y del exasesor Aníbal Torres. La propia sala reconoció que el mensaje fue redactado en Palacio, que Chávez y Torres lo conocían y celebraron su difusión, que Huerta prestó su...

El reciente anuncio de que el Gobierno de José Jerí pagará US$63,9 millones por un avión Antonov AN-74 cuya procedencia y autenticidad han sido cuestionadas públicamente, constituye un episodio que, lejos de ser anecdótico, revela la precariedad institucional y la permisividad con la que se manejan recursos públicos en el Perú. La polémica no surge por detalles técnicos aislados, sino por hechos documentados: la empresa beneficiada, Aero Express FZE , no es fabricante del modelo ofertado, la aeronave no se produce desde 2014 y su precio supera en más del doble el valor referencial conocido. Estas señales, tomadas en conjunto, configuran un panorama que exige escrutinio severo y decisiones urgentes. La advertencia más contundente la formuló el Embajador de Ucrania en Perú, Yuriy Polyukhovych. En comunicación oficial, recordó que la fabricación, diseño y propiedad de los aviones Antonov corresponde exclusivamente a la Sociedad Anónima Antonov , cuyo ciclo productivo se desarrolla únicam...

El reciente veto de la ONPE a la candidatura vicepresidencial de Martín Vizcarra para 2026 ha desatado, una vez más, la previsible retórica de la persecución política. Desde mi perspectiva, asistimos a un episodio más de un drama cuyos actores se empeñan en ignorar el guion principal: la ley. Vizcarra clama ante los medios sobre una “arbitrariedad” que vulnera sus derechos políticos y los de sus simpatizantes. Sin embargo, omite mencionar que su inhabilitación para ejercer cargos públicos, dictada por el Congreso en 2021, no es un capricho, sino una consecuencia jurídica.  La indignación selectiva es un lujo que un sistema democrático frágil no puede permitirse. La narrativa del mártir político se resquebraja cuando se contrasta con el historial de decisiones que llevaron a esta exclusión. La ONPE, en este caso, no ha hecho más que aplicar el marco legal vigente. El verdadero debate no debería orbitar alrededor de la figura de un individuo, sino sobre la imparcialidad y la consiste...