VIZCARRA, LA LEY Y EL RELATO

El reciente veto de la ONPE a la candidatura vicepresidencial de Martín Vizcarra para 2026 ha desatado, una vez más, la previsible retórica de la persecución política. Desde mi perspectiva, asistimos a un episodio más de un drama cuyos actores se empeñan en ignorar el guion principal: la ley. Vizcarra clama ante los medios sobre una “arbitrariedad” que vulnera sus derechos políticos y los de sus simpatizantes. Sin embargo, omite mencionar que su inhabilitación para ejercer cargos públicos, dictada por el Congreso en 2021, no es un capricho, sino una consecuencia jurídica. La indignación selectiva es un lujo que un sistema democrático frágil no puede permitirse. La narrativa del mártir político se resquebraja cuando se contrasta con el historial de decisiones que llevaron a esta exclusión. La ONPE, en este caso, no ha hecho más que aplicar el marco legal vigente. El verdadero debate no debería orbitar alrededor de la figura de un individuo, sino sobre la imparcialidad y la consistencia en la aplicación de las normas para todos los actores políticos por igual.

La transición inmediata de Perú Primero hacia una nueva fórmula presidencial, encabezada por Mario Vizcarra, desvela la naturaleza pragmática, y hasta cierto punto cínica, de la maquinaria partidaria. El proyecto, que se proclama “del pueblo”, demuestra una capacidad de metamorfosis que prioriza la supervivencia institucional sobre cualquier principio o lealtad personal. No deja de ser revelador que la solución interna haya sido sustituir un apellido por otro, como si se tratara de un cambio de piezas en un mecanismo. Esto plantea una incómoda reflexión: ¿hasta qué punto los movimientos políticos que se erigen alrededor de figuras fuertes poseen una identidad genuina que trasciende a su líder? La rapidez con la que se ha cerrado filas en torno a la nueva plancha sugiere que el objetivo último es mantenerse en la contienda, un fin que justifica cualquier medio, incluida la inmediata relegación de quien minutos antes era el estandarte. Esta flexibilidad es sintomática de una política volátil, donde las lealtades son tan provisionales como las conveniencias.

Este episodio no puede desvincularse del reciente avance del caso Vacunagate en el Congreso, donde una subcomisión ha aprobado acusar constitucionalmente a Vizcarra. La imagen pública se fractura irremediablemente cuando la supuesta víctima de una persecución es, simultáneamente, el imputado en un escándalo de privilegio y abuso de poder durante una crisis sanitaria. La ciudadanía es testigo de un juego de espejos donde la queja por la exclusión electoral choca frontalmente con las acusaciones de haber saltado deliberadamente las reglas que él mismo ayudó a promulgar. Esta dualidad corroe la confianza en las instituciones. Cada vez que un actor político intenta escudarse en la victimización mientras enfrenta procesos por su propia conducta, el sistema democrático paga un precio. El desenlace de esta saga no es solo la exclusión o no de un candidato; es la demostración de si el país está dispuesto a normalizar la contradicción entre el discurso y los hechos. La elección de 2026, más allá de candidaturas específicas, será un plebiscito sobre nuestra tolerancia colectiva a la impunidad y al relato convenientemente editado. El verdadero arbitraje no será el de la ONPE, sino el del sentido común de una sociedad harta de dobles raseros.