UN AVIÓN QUE NO EXISTE: EL SÍNTOMA MÁS GRAVE DE UN ESTADO QUE SE NIEGA A CORREGIRSE

El reciente anuncio de que el Gobierno de José Jerí pagará US$63,9 millones por un avión Antonov AN-74 cuya procedencia y autenticidad han sido cuestionadas públicamente, constituye un episodio que, lejos de ser anecdótico, revela la precariedad institucional y la permisividad con la que se manejan recursos públicos en el Perú. La polémica no surge por detalles técnicos aislados, sino por hechos documentados: la empresa beneficiada, Aero Express FZE, no es fabricante del modelo ofertado, la aeronave no se produce desde 2014 y su precio supera en más del doble el valor referencial conocido. Estas señales, tomadas en conjunto, configuran un panorama que exige escrutinio severo y decisiones urgentes.

La advertencia más contundente la formuló el Embajador de Ucrania en Perú, Yuriy Polyukhovych. En comunicación oficial, recordó que la fabricación, diseño y propiedad de los aviones Antonov corresponde exclusivamente a la Sociedad Anónima Antonov, cuyo ciclo productivo se desarrolla únicamente en territorio ucraniano. Aero Express FZE, domiciliada en Emiratos Árabes Unidos y representada por un ciudadano ruso, no cuenta con autorización alguna para construir aeronaves AN. El diplomático fue categórico al afirmar que ninguna empresa extranjera puede fabricar estos aviones sin la licencia de Antonov, cerrando cualquier espacio para interpretaciones ambiguas.

Pese a ello, el Ministerio del Interior decidió adjudicar el contrato, pasando por alto no sólo la advertencia diplomática, sino también un requisito básico del concurso: los postores debían presentar una declaración jurada que los acreditara como fabricantes. La empresa firmante lo hizo, aunque la información oficial demuestra que se trató de una afirmación falsa. Este punto, por sí solo, debió bastar para descalificar la oferta y activar acciones legales, pero ocurrió lo contrario. La Oficina General de Administración y Finanzas del MININTER avanzó con un proceso que hoy luce irreparablemente viciado.

El segundo elemento que profundiza la gravedad del caso es el costo desmesurado del avión. Según la embajada ucraniana, el último AN-74 fabricado en 2014 costó aproximadamente US$30 millones. El gobierno peruano, en cambio, está dispuesto a pagar más del doble por una aeronave cuya condición de “nueva” es imposible de acreditar, ya que el modelo no se produce desde hace más de una década. Con el monto comprometido, el Estado podría adquirir dos aviones de ese tipo en condiciones regulares. Ignorar este desbalance económico solo puede entenderse como una falta de diligencia extrema o una complicidad deliberada.

La intervención posterior de la Contraloría ratificó lo que se temía: los funcionarios encargados adjudicaron un contrato millonario a una empresa que no cumple con los requisitos esenciales, que ofrece un producto de origen incierto y a un precio inexplicablemente inflado. La situación ya no es una sospecha, sino un caso documentado que compromete la integridad del proceso y coloca al Estado en riesgo de convertirse en víctima de una estafa internacional.

En este escenario, la respuesta institucional debe ser inmediata y firme. No se trata sólo de anular un contrato, sino de establecer responsabilidades políticas y administrativas, proteger el patrimonio público y enviar un mensaje claro: la improvisación y la negligencia no pueden seguir normalizándose en la gestión estatal. El episodio del Antonov “fantasma” no debería convertirse en una anécdota más, sino en una línea roja que marque el límite de lo tolerable. Porque si el Estado no corrige hoy, mañana el costo —económico y moral— será todavía mayor.