EL TRIUNFO DEL RELOJ SOBRE LA JUSTICIA: LA IMPUNIDAD TÉCNICA EN EL CASO BUSTÍOS

La reciente decisión del Tribunal Constitucional de anular la condena contra Daniel Urresti y ordenar su libertad inmediata no es solo un hito judicial en un proceso de décadas; es el síntoma final de una estructura de justicia que, en su afán de purismo dogmático, termina por consagrar la impunidad como el estado natural de las cosas en el Perú. Bajo el paraguas del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley, el máximo intérprete de la Constitución ha decidido ignorar la naturaleza de crímenes que, por su gravedad y contexto, trascienden el tiempo y la simple burocracia procesal. Sostengo que esta resolución constituye un retroceso alarmante en la protección de los derechos humanos y una interpretación restrictiva que ignora el desarrollo del derecho penal internacional y la deuda ética del Estado con las víctimas del conflicto armado interno.

El argumento central del Tribunal se refugia en una lectura aritmética de la prescripción. Al considerar que los hechos de 1988 deben ser juzgados estrictamente como delitos comunes bajo el Código Penal de la época, el colegiado ignora que el asesinato de Hugo Bustíos ocurrió en un escenario de violencia sistemática perpetrada por agentes del Estado. La contradicción es evidente: se pretende aplicar una justicia de tiempos de paz a crímenes cometidos bajo una lógica de guerra sucia. La negativa a calificar estos hechos como crímenes de lesa humanidad basándose en que el Estatuto de Roma entró en vigor para el Perú recién en 2002 es un formalismo ciego. Existe una costumbre internacional y principios de derecho de gentes que ya consideraban estos actos como imprescriptibles mucho antes de su codificación formal en tratados modernos. Al optar por la vía de la prescripción, el Tribunal no está declarando la inocencia de Urresti, sino que está admitiendo que el sistema fue tan ineficiente que dejó morir el derecho a la justicia por el simple paso del reloj.

Este fallo revela una falla estructural en el equilibrio entre las garantías del procesado y el derecho de las víctimas a la verdad. La impunidad aquí no nace de una absolución por falta de pruebas —recordemos que salas previas hallaron responsabilidad sólida—, sino de una arquitectura legal que permite que el tiempo se convierta en el mejor abogado de los perpetradores. Es una bofetada a la memoria de Bustíos y a la persistencia de su familia que, tras 37 años de búsqueda de justicia, ven cómo una resolución de gabinete borra el esfuerzo de décadas. La consecuencia directa es el mensaje de desaliento que se envía a la ciudadanía: en el Perú, si logras dilatar un proceso lo suficiente, el sistema eventualmente te abrirá las puertas de la celda, sin importar la magnitud del daño causado.

La raíz del problema reside en una judicatura que parece haber perdido el sentido de la justicia material en favor de una interpretación exegética y, a menudo, políticamente conveniente del derecho. No se trata solo de este caso, sino de una tendencia a desmantelar los procesos de justicia transicional bajo argumentos que priorizan la estabilidad administrativa sobre el deber de castigar crímenes que ofenden a la humanidad. Para revertir este ciclo de impunidad, es imperativo que el Congreso y el Poder Judicial emprendan una reforma que reconozca explícitamente la imprescriptibilidad de los delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, alineando la legislación interna con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera inequívoca. Asimismo, se requiere la implementación de salas especializadas con magistrados formados en derecho internacional humanitario, capaces de entender que la legalidad no puede ser un escudo para el olvido.

La libertad de Daniel Urresti, bajo estas circunstancias, deja una herida abierta en la conciencia nacional. No podemos permitir que el derecho se convierta en una herramienta de impunidad técnica. La verdadera seguridad jurídica no es aquella que garantiza que los crímenes caduquen, sino la que asegura que ningún asesinato quede sin sanción, sin importar cuánto tiempo pase. Es momento de que la sociedad civil y los operadores de justicia exijan un sistema donde el tiempo no sea aliado de la injusticia, sino el testigo que finalmente permite cerrar las heridas con la verdad por delante.