LA RENUNCIA REVELADORA: LA PUGNA INTERNA QUE ACELERA EL DESMEMBRAMIENTO DE PETROPERÚ

La reciente renuncia de la gerente general de Petroperú, Rita López Saavedra, apenas siete días después de su designación, no constituye un simple episodio de inestabilidad gerencial. Este acto representa la punta visible de un conflicto estructural y deliberado, una pugna de poder dentro del propio Ejecutivo transitorio que tiene como objetivo último el desmembramiento acelerado de la empresa estatal. El enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, lejos de ser una disputa burocrática por competencias, es la manifestación de una carrera desesperada por controlar el proceso de liquidación de los activos más valiosos de la nación, en particular la Nueva Refinería de Talara, en un contexto de cambio de gobierno inminente. Este escenario no es caótico, sino metódicamente orquestado, y la salida de López Saavedra opera como un síntoma revelador de la privatización por la puerta trasera.

El nudo de la crisis se sitúa en el decreto de urgencia emitido en las horas nocturnas de fin de año, un instrumento legal que, bajo una apariencia técnica, activó un mecanismo de despojo. La designación de Mario López Tejerina como asesor de alta dirección del Minem, publicada el mismo último día del 2025, confirma la naturaleza premeditada de la operación. Este personaje, descrito por fuentes internas como un operador en la sombra, actúa como el verdadero arquitecto de la presión sobre Petroperú. Su irrupción bravucona en las oficinas de la empresa, que precipitó la renuncia de la gerente, no fue un arrebato sino una demostración de fuerza. Su historial, marcado por denuncias del Ministerio Público, y sus vínculos políticos, particularmente con el congresista Ilich López, dibujan un perfil de gestor de intereses ajenos al patrimonio nacional. La privatización se ejecuta, así, mediante la imposición de hechos consumados y la creación de un clima de ingobernabilidad interna que justifique, ante acreedores y calificadoras de riesgo, una venta de emergencia.

La convivencia entre sectores del Estado y apetitos privados se hace evidente al observar los movimientos simultáneos en el sector energético. La presencia de figuras como Jesús Ramírez Gutiérrez, hoy director de Petroperú y presidente de Electroperú, en antiguos anuarios empresariales junto al propio López Tejerina, sugiere una red de influencias que trasciende administraciones y empresas. Este entramado convierte la política pública en un asunto de gestión cupular, donde las decisiones sobre el futuro de infraestructuras estratégicas se toman al margen del interés colectivo. Las declaraciones de la ministra de Economía, anunciando contratos para junio, exponen la urgencia de un calendario que busca cerrar tratos antes de que un nuevo gobierno pueda evaluar, y eventualmente rectificar, este proceso de desnacionalización acelerada. La empresa, sumida en un vacío de liderazgo con un cuarto gerente general en tres meses, queda deliberadamente debilitada para negociar.

El desenlace de este conflicto no es únicamente la salida de una funcionaria, sino la consolidación de un patrón de saqueo institucionalizado. La crítica del expresidente de la empresa, César Gutiérrez, quien tildó a los enviados de Proinversión y del Minem de "martilleros", captura la esencia del momento: el Estado ha abandonado su rol de rector y custodio para convertirse en el principal liquidador de su propio patrimonio. La pregunta sobre el silencio de la Contraloría y el Ministerio Público, planteada por analistas, es retórica sólo en apariencia; señala la profundidad de una captura que neutraliza los mecanismos de control. La pugna MEF-Minem es, en el fondo, una pantalla que ocupa la atención mientras se ejecuta, en la práctica, un consenso superior en torno a la transferencia de activos. El gobierno transitorio de José Jerí será recordado, más que por sus actos de administración, por haber facilitado la precipitada y opaca desintegración de la principal empresa estatal del Perú, dejando a la nación frente a la pérdida irreversible de su soberanía energética y a la evidencia cruda de cómo los intereses privados, operando desde dentro del aparato estatal, pueden consumar un vaciamiento bajo el frío amparo de un decreto.