LA SOMBRA DEL PODER: LOS VICEPRESIDENCIABLES Y LA AMENAZA LATENTE

En la vorágine de las campañas electorales, la atención se concentra invariablemente en las figuras que pugnan por la primera magistratura. Sin embargo, una mirada lúcida y desapasionada hacia la composición de las planchas presidenciales revela un panorama a menudo más elocuente y perturbador que el escrutinio principal. El cargo de vicepresidente, concebido constitucionalmente como un reemplazo eventual, ha mutado en el Perú contemporáneo en una posición de una potencialidad inmediata y alarmante. La reciente historia política, marcada por sucesivas crisis y vacancias, transforma a estos postulantes en aspirantes directos al poder, no en un futuro lejano, sino en un horizonte de palpable contingencia. Esta dinámica convierte cada nominación vicepresidencial en un acto de profunda responsabilidad que, al examinarse, exhibe con crudeza los cálculos, las afinidades ideológicas extremas y los compromisos cuestionables que los partidos están dispuestos a asumir.

El nudo de la cuestión reside en el perfil concreto de quienes ocupan estos lugares. El análisis de las candidaturas despliega un catálogo de posturas que, lejos de representar un contrapeso moderador o una garantía de estabilidad, frecuentemente amplifican los flancos más controvertidos de las propuestas presidenciales. La presencia de defensores acérrimos de la minería informal, abogando por la ampliación del Registro Integral de Formalización (Reinfo) y promoviendo iniciativas para revertir concesiones mineras, no solo evidencia una complicidad con actividades depredadoras, sino que plantea una grave contradicción con el orden legal y ambiental. Paralelamente, la normalización del indulto a Pedro Castillo, sentenciado por conspiración para rebelión, por parte de candidatas que lo califican como un preso político, representa una peligrosa trivialización del intento de quebrar el orden constitucional. Esta postura, sumada a la difusión de mensajes que no condenan la violencia y la mantención de vínculos con organizaciones radicales, configura un escenario donde la línea sustituta del poder ejecutivo podría simpatizar abiertamente con fuerzas disruptivas.

La narrativa se complejiza con la reaparición de figuras vinculadas al antaurismo, una corriente que ha defendido la insurrección y el asesinato de policías. Su inserción en planchas electorales, incluida la de un exministro de Defensa de Castillo, blanquea y reintroduce en la alta política a actores asociados con la sedición violenta. Más allá aún, la candidatura de un prófugo de la justicia, refugiado en el extranjero para eludir una condena por difamación, simboliza el colmo del descaro y la erosión de cualquier principio de ejemplaridad. Este mosaico no es una colección de casos aislados, sino el síntoma de una degradación sistémica. Los partidos políticos, en su afán por capturar nichos de votación o consolidar alianzas espurias, han convertido la vicepresidencia en una moneda de cambio, relegando el interés nacional y la idoneidad a un plano insignificante. La práctica del "plan B", mediante la cual muchos vicepresidenciables postulan simultáneamente al Congreso, delata la naturaleza instrumental y poco seria de su designación.

El desenlace de este análisis conduce a una conclusión inexorable: la elección de los vicepresidentes constituye un referéndum tácito sobre la estabilidad futura del país. Ignorar sus perfiles equivale a aceptar pasivamente que la primera línea de sucesión presidencial pueda estar ocupada por personas que cuestionan el Estado de derecho, flirtean con el autoritarismo o eluden la justicia. La vacuidad del debate en torno a estas candidaturas no es inocente; responde a una estrategia de distracción que beneficia a quienes especulan con la crisis permanente. Por tanto, el escrutinio ciudadano debe ser doble: tan riguroso con el candidato a presidente como con quien lo secunda. En un contexto donde la vacancia ha dejado de ser una anomalía para convertirse en un riesgo latente, la fortaleza de la democracia peruana se jugará, en buena medida, en la capacidad para rechazar aquellas planchas que, en su conjunto, representan una amenaza para la gobernabilidad y la legitimidad constitucional. La contundencia del voto debe dirigirse no solo a elegir, sino también a impedir.