EL CONGRESO EN MODO CAMPAÑA

Nunca dejaron de hacer campaña. La reciente reforma que permite a los congresistas promocionarse durante sus semanas de representación no es más que la legalización de una práctica corrupta y cínicamente arraigada. Desde que asumieron sus curules, la mirada de la mayoría no estaba puesta en legislar o fiscalizar, sino en las elecciones del 2026. Lo que hoy vemos en sus redes sociales autobombos, inauguraciones fotogénicas y promesas vacías es la crónica de un desprecio anunciado hacia la función pública. El Estado se ha convertido en el escenario gratuito de su propaganda permanente, y nosotros, los ciudadanos, en el público obligado de una función que ya no distingue entre gobernar y cacarear.

Este circo tiene actores principales y secundarios, pero todos comparten el mismo libreto: adjudicarse obras que no ejecutaron, prometer lo que no cumplirán y confundir deliberadamente su rol. La congresista Maricruz Zeta se fotografía inaugurando pistas en Piura como si fuera la alcaldesa, no una legisladora cuyo deber es, precisamente, fiscalizar al ejecutor real de la obra: el alcalde Gabriel Madrid. César Revilla, quien preside la comisión que debería controlar a la ANIN, utiliza las obras de esta entidad para su promoción personal. Es el colmo del conflicto de interés: usar el poder para vigilarse a sí mismo y luego venderse como el gran gestor.

La farsa no tiene color partidario; es una pandemia transversal. María Acuña en Chiclayo, Eduardo Salhuana regalando computadoras en Madre de Dios, Alejandro Soto prometiendo agua las 24 horas en Cusco. Todos repiten el mismo patrón: confundir la administración del Estado con un acto de caridad personal y electoral. Sus publicaciones no informan; seducen. No rinden cuentas; compran votos. Es la perversión máxima de la política: vaciarla de contenido y llenarla de postureo.

Pero el cinismo alcanza su punto más álgido con las propuestas populistas y oportunistas. José Luna y Guido Bellido, polos opuestos en el espectro político, se unen en la misma táctica barata: promocionar el retiro de las AFP y la ONP, sabiendo que es un tema sensible y que les puede reportar réditos electorales. No les importa la insostenibilidad del sistema ni el futuro de los ahorros; les importa aparecer como los salvadores en un cartel de Facebook. Norma Yarrow, por su parte, abraza cerditos y promociona trenes, como si su curul fuera una agencia de publicidad y no un puesto de soberanía popular.

El experto Fernando Tuesta acierta al señalar que esto no es nuevo, pero su normalización es lo más peligroso. El Congreso ha creado una ley a su medida para blanquear lo que siempre hicieron a escondidas: usar los recursos del Estado su visibilidad, su infraestructura, su autoridad para campañas prematuras. La reforma no es un avance democrático; es la institucionalización del abuso. Los Jurados Electorales parecen espectadores pasivos de esta burla, incapaces o renuentes a actuar frente a un proselitismo que salta a la vista.

El desenlace de esta tragicómica es previsible: un electorado bombardeado con propaganda pagada con sus propios impuestos, que confundirá la publicidad con la gestión y elegirá, una vez más, entre los que hicieron el mejor show, no los mejores proyectos. La democracia se reduce a un concurso de popularidad en Instagram, donde los likes valen más que las ideas. Mientras tanto, la labor esencial del Congreso debatir, legislar con rigor, controlar al Ejecutivo queda en un segundo plano, postergada por la ambición personal de sus miembros. El verdadero veredicto lo daremos en las urnas en el 2026, pero el daño ya está hecho: la política peruana sigue siendo un espectáculo, y los congresistas, sus peores actores.