EL MINISTRO, LAS SOMBRAS Y EL ESPEJO

Nunca me he sentido cómodo observando a un funcionario público acusado de graves delitos que, en lugar de afrontar las investigaciones con serenidad institucional, opta por el contraataque espectacular. El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, no solo ha calificado de “cuento” la tesis fiscal que lo señala como presunto líder de una organización criminal; ha ido más allá, acusando a una parte del Ministerio Público y a algunos jueces de conformar, precisamente, “una organización criminal”. La estrategia es tan vieja como efectiva en el corto plazo: cuando te acusan, no te defiendas, acusa tú más fuerte. El problema es que quien ejerce este juego desde el Ministerio de Justicia no es cualquier ciudadano; es la máxima autoridad de un sector que debería ser el bastión de la ética y el estado de derecho. Su declaración no es una defensa, es un síntoma gravísimo de la enfermedad que dice combatir.

El núcleo de este esperpento no reside en la presunción de inocencia, a la que todo ciudadano, incluido un ministro, tiene derecho. El verdadero meollo es la sistemática estrategia de desprestigio y demolición de las instituciones que se supone debe proteger. Santiváñez no se limita a defender su inocencia; lanza una granada de humo intoxicante sobre el sistema judicial en su conjunto. Al afirmar que los fiscales que lo investigan son una “organización criminal” y que actúan porque están “asustados” por sus reformas, no solo intenta deslegitimar una investigación específica, sino que sabotea la credibilidad de toda la procuración de justicia en el país. ¿Cómo puede un ministro de Justicia gobernar para un sistema al que tacha de corrupto y criminal? La contradicción es tan abismal que resulta obscena. Sus explicaciones sobre las reuniones en el Cordano, con personajes señalados por la fiscalía como operadores, son endebles y amplifican las dudas en lugar de disiparlas. Un encuentro “absolutamente privado y amical” con el abogado que te entrega notificaciones del muy sistema que denuncias como criminal deja de ser una casualidad para convertirse en una gravísima imprudencia, cuando no en algo mucho más siniestro.

El desenlace de esta farsa ya está escrito en la reciente historia peruana: una pulseada de poder donde las instituciones se debilitan mutuamente y el único que sale perdiendo es el ciudadano, que ve cómo su fe en la justicia se esfuma. Santiváñez se presenta como un cruzado con tres misiones épicas, pero su figura está tan manchada por las acusaciones y sus propias contradicciones que cualquier reforma que proponga, por necesaria que sea, quedará bajo la sospecha de ser un instrumento para su propia impunidad. Cuando un ministro responde a una periodista de investigación diciendo que “está estresada” en lugar de refutar sus hallazgos con pruebas, completa el cuadro de una autoridad que confunde el poder con la impunidad y la crítica con la conspiración. El verdadero “cuento” no es la investigación fiscal, sino la pretensión de que podemos creer que el mayor problema del sistema judicial son unos fiscales “asustados” y no la sombra de la corrupción que se extiende, precisamente, desde los despachos donde se debería erradicar. El ministro, al señalar a la organización criminal en el espejo, quizá sin quererlo, nos está mostrando su propio reflejo.