LA LUCHA POR EL RELATO DONDE EL ÚNICO PERDEDOR ES EL CIUDADANO

La política peruana ha devenido en un espectáculo bochornoso, un intercambio de improperios donde la sustancia brilla por su ausencia. El último capítulo de esta tediosa telenovela lo protagonizan la presidenta Dina Boluarte y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en una pulseada que solo confirma la profunda crisis de representatividad que nos ahoga. Boluarte, desde su frágil atalaya en Palacio, acusa al burgomaestre de buscar crédito público con sus críticas, esquivando el fondo del reclamo con la maestría de quien ha perfeccionado el arte de la evasión. López Aliaga, por su parte, responde con la sutileza de un martillo neumático, prometiendo decirle “en su cara” su falta de intención para hacer nada. En medio de este diálogo de sordos, lo único que queda claro es que el ciudadano es, una vez más, el gran perdedor.

La presidenta opta por la descalificación personal, un recurso pobre para quien ostenta la primera magistratura. Al sugerir que las críticas de López Aliaga solo buscan “ganar un poquito de crédito publicitario”, Boluarte elude por completo la responsabilidad de su gobierno de dar respuestas concretas. El alcalde señala, con razón, la absurdidad de un tren donado con noventa vagones que yace inoperativo, un monumento a la burocracia y la ineptitud. Su denuncia sobre ministros que plantean proyectos “para el 2050” no es una simple ironía; es la constatación de una planificación desconectada de las urgencias nacionales. Sin embargo, reducir la réplica a un intento de protagonismo es un error estratégico y moral. Un gobierno seguro de su gestión se mide con los hechos, no con psicologismos baratos sobre las intenciones del rival. Esta actitud no hace sino alimentar la narrativa de un ejecutivo paralizado, más interesado en la supervivencia política que en la ejecución de obras.

Pero pretender que López Aliaga es un paladín de la gestión eficiente sería igualmente ingenuo. The Economist lo pinta con precisión cruel: un alcalde que privilegia el show mediático, cuya administración está marcada por decisiones costosísimas y de dudosa legalidad. El mismo tren que hoy usa como arma arrojadiza contra el gobierno es parte de su propio legado de opacidad, adquirido sin un plan claro para su implementación. Él capitaliza su polarización, convirtiendo cada controversia en combustible para su maquinaria electoral, consciente de que un electorado hastiado prefiere un payaso que diga verdades a un técnico que recite mentiras pulcras. Este es el verdadero juego: ambos actores se necesitan. Boluarte necesita un antagonista grotesco para desviar la atención de su propia ilegitimidad e inacción. López Aliaga necesita un gobierno débil y desacreditado que sirva de contraste para su retórica de hombre fuerte. Se alimentan mutuamente en una simbiosis tóxica que nos envenena a todos.

El desenlace de este esperpento es predecible: más estancamiento. Mientras el poder ejecutivo y la municipalidad se enfrascan en una pelea infantil, los problemas de Lima y del Perú se agravan. La infraestructura se cae a pedazos, la deuda crece y la credibilidad institucional se desvanece. El ciudadano es un espectador forzado de un combate de boxeo donde los dos púgiles se golpean, pero los únicos que sangran son los que están en las gradas. Esta no es una pugna ideológica; es una lucha por el relato, por el pedazo de poder que queda en un país fracturado. Boluarte y López Aliaga son dos caras de la misma moneda de desgobierno, representantes de una clase política que ha convertido lo público en un escenario para sus ambiciones personales. Al final, ganar “crédito” no se trata de demostrar quién gobierna mejor, sino de convencer a un pueblo exhausto de que el otro es aún peor. Y en esa miserable carrera hacia el fondo, todos perdemos.