LA VIEJA QUIMERA PENITENCIARIA

La presidenta Dina Boluarte ha anunciado con gran pompa la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad en la isla El Frontón. Escuché el anuncio y no pude evitar una profunda sensación de escepticismo. No es la primera vez que un gobierno, acorralado por la creciente inseguridad y su propia incapacidad para gestionarla, recurre a un espectacular golpe de efecto. La noticia, más que un plan serio, parece un recurso desesperado para proyectar una imagen de mano dura, una solución simplista y grandilocuente que se nos vende como la panacea. La historia, sin embargo, nos demuestra que estos proyectos faraónicos suelen nacer muertos, sepultados por su propia inviabilidad y por el olvido interesado de quienes los promulgan una vez ha pasado el titular de prensa.

La idea de resucitar El Frontón es un viejo fantasma que regresa cada cierto tiempo, cuando el miedo ciudadano alcanza un pico y la clase política necesita mostrarse en acción. Expertos en la materia, como el exjefe del INPE Wilfredo Pedraza, han desgranado con crudeza las razones por las que este proyecto es una quimera. Los costos logísticos y de mantenimiento en una isla sin servicios básicos serían astronómicos. El transporte de materiales, personal y suministros convertiría la obra en un pozo sin fondo para el erario nacional. Se argumenta que el aislamiento geográfico garantiza la seguridad, pero esa es una visión tan ingenua como peligrosa. La seguridad penitenciaria no depende de que los reclusos estén rodeados de agua, sino de una gestión interna eficaz, de tecnología, de personal bien remunerado y de programas de rehabilitación serios. Un penal isleño no soluciona la corrupción al interior de las prisiones, los motines ni el hacinamiento crónico del sistema; solo lo traslada a un escenario más costoso y complejo. Es un parche de oro para una herida infectada.

Resulta cínico que se plantee invertir miles de millones en un símbolo de represión, cuando con ese mismo dinero, como bien señaló el también experto Javier Llaque, se podrían construir varios penales modernos y eficientes en tierra firme, o financiar todo un sistema de inteligencia y reforma judicial. El anuncio no es una política de estado; es un acto efectista, una cortina de humo para ocultar la falta de estrategias integrales. El desenlace de esta farsa ya lo conocemos: después de la foto y la firma del convenio, el proyecto se hundirá en un mar de informes de preinvariabilidad, recortes presupuestales y disputas burocráticas. Mientras, la verdadera crisis de inseguridad seguirá su curso, y los ciudadanos, una vez más, habremos sido engañados con la promesa vacía de una solución milagrosa que nunca llega. Nos venden la ilusión de un castillo en una isla, mientras el sistema penitenciario se derrumba aquí, en tierra firme, ante nuestra mirada y su absoluta indiferencia.