UN RESPIRO MÁS EN EL CICLO SIN FIN DEL AHORRO PREVISIONAL

La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP ha puesto la rubrica final al procedimiento que permitirá a millones de peruanos acceder a una porción de sus ahorros previsionales. Con la oficialización del reglamento para el octavo retiro extraordinario de las AFP, se inicia una nueva fase en un debate que parece no tener fin. La medida, que autoriza el acceso hasta por cuatro UIT, equivale a una inyección de liquidez para una ciudadanía que, cínicamente, debe recurrir a su propio dinero para paliar crisis recurrentes. La fecha clave para el primer desembolso, el 19 de noviembre de 2025 para quienes soliciten el primer día, se vislumbra no como una solución, sino como un parche más en un sistema que naufraga.

El núcleo de este nuevo proceso operativo revela una mecánica ya conocida, pero no por ello menos criticable. La distribución del dinero en cuatro partes, con intervalos de treinta días, busca, en teoría, evitar un impacto abrupto en la solvencia del sistema. Sin embargo, esta dosificación responde más a una lógica de contención financiera que a una genuina preocupación por la planificación del afiliado. Para el ciudadano de a pie, aquel que necesita cubrir una deuda médica o reactivar un negocio familiar, este calendario escalonado puede convertirse en una carrera de obstáculos donde la urgencia choca contra la burocracia programada. La promesa de canales seguros y accesibles, incluyendo opciones para afiliados en el extranjero, suena a letra repetida en un disco rayado, cuya veracidad se pondrá a prueba solo en la práctica. La estipulación de que las AFP tienen un plazo máximo de treinta días para cada desembolso, aunque parece una garantía, es en realidad el reconocimiento de un margen de dilación que el usuario, en su necesidad, experimentará como una eternidad.

El verdadero desenlace de esta historia no se escribirá con las fechas de los desembolsos, sino con las consecuencias a largo plazo. La cláusula que excluye expresamente este retiro de los supuestos para perder la pensión mínima garantizada es un alivio inmediato, pero también una confesión tácita de la insostenibilidad del modelo. Es un acto de equilibrismo político: conceder un alivio líquido hoy, sabiendo que el problema de fondo —un sistema que deja a 2.2 millones de afiliados con saldo cero y a 6.4 millones con menos de una UIT— permanece intacto y agravado. Cada retiro extraordinario es un eslabón más en una cadena de parches legislativos que postergan una reforma estructural. La fecha máxima del primer pago, noviembre de 2025, será para muchos el fin de una angustiosa espera, pero marcará el inicio de otra cuenta regresiva: la que lleva hacia el momento en que una generación se enfrente a una vejez sin los ahorros que, en momentos de desesperación, le fueron devueltos para sobrevivir el presente. La SBS ha dado un paso administrativo necesario, pero la sociedad sigue a la espera de un debate profundo que trascienda la mera extracción de fondos y aborde la construcción de un sistema de pensiones que no obligue a sus afiliados a descapitalizarse para vivir.