LA AGONÍA AUTOINFLIGIDA: EL SUICIDIO INSTITUCIONAL DE ACCIÓN POPULAR

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones de anular las primarias de Acción Popular y, con ello, excluir al histórico partido de la contienda electoral de 2026, trasciende el mero incidente administrativo para erigirse como un crudo epítome de la degeneración institucional que padece el sistema político peruano. Este fallo no constituye una desgracia aislada, sino el desenlace lógico y previsible de una cadena de prácticas en las que la ambición personal y la miopía partidaria han terminado por devorar los cimientos mismos de la organización. La imagen de la emblemática lampa enterrándose a sí misma resulta, por tanto, una metáfora precisa de una agonía autoinfligida.

El análisis del caso revela una patología de doble filo. Por un lado, el informe de fiscalización del JNE expone irregularidades técnicas de una magnitud y sistematicidad inauditas: la sustitución de delegados legítimamente electos en el cien por ciento de las mesas observadas no es un error logístico, sino una adulteración consciente y generalizada del padrón electoral interno. Tal manipulación vulnera el principio elemental de cualquier organización democrática: que la voluntad de la base sea el origen legítimo de su representación. Por otro lado, la reacción posterior de las facciones enfrentadas dentro del partido confirma que la comprensión misma de la legalidad y la ética ha sido suplantada por un pragmatismo cínico. En lugar de una reflexión autocrítica ante la evidencia de un fraude flagrante, los actores implicados optaron por una estrategia de negación y descarga de responsabilidades hacia órganos electorales externos, como la ONPE, o hacia sus rivales internos, en un espectáculo bochornoso de desacreditación mutua.

Este episodio sintetiza la transformación de los partidos políticos de peruanos en meras plataformas transaccionales, donde la maquinaria interna se subordina a los intereses de cúpulas en pugna. La luz roja encendida por el JNE no se limitó a señalar una inconsistencia en un formulario; iluminó la descomposición de una cultura partidaria. Cuando el órgano electoral señala vicios sustanciales que afectan la democracia interna y el debido proceso, está juzgando la ausencia de un mínimo ethos compartido. La disputa degeneró en una guerra de facciones donde el objetivo dejó de ser construir una alternativa de gobierno para el país y se redujo a controlar, por cualquier medio, la maquinaria electoral del partido, incluso a riesgo de destruirla. La posterior retórica de victimización y las amenazas de denuncias penales cruzadas no son más que la prolongación de esa misma lógica de combate, ahora dirigida hacia las instituciones del Estado, buscando deslegitimar al árbitro ante la imposibilidad de asumir la derrota en el juego propio.

El desenlace, la exclusión de la carrera electoral, posee una justicia trágica. El calendario electoral, con sus plazos perentorios, actúa aquí no como un tecnicismo cruel, sino como un límite necesario a la disfuncionalidad. Ante la imposibilidad de identificar una voluntad partidaria legítima y no viciada, la única salida institucionalmente responsable es declarar la inviabilidad de la participación. Esta resolución, más allá del ruido de las acusaciones, envía un mensaje crucial: la legalidad formal en los procesos internos no es un trámite optativo, sino la condición sine qua non para aspirar a representar a la ciudadanía. La muerte política de Acción Popular para 2026, por lo tanto, no es un asesinato ejecutado por el JNE, sino un suicidio llevado a cabo por quienes, obnubilados por la lucha por el poder, olvidaron que la primera función de un partido es garantizar la integridad de su propio proceso democrático.

La lección, aunque amarga, es diáfana. La salud de la democracia representativa exige partidos con organismos internos sólidos e imparciales, capaces de dirimir sus contiendas con transparencia y apego a sus propios estatutos. Cuando estas estructuras colapsan, convertidas en botín de guerra de grupos que anteponen su triunfo a la supervivencia misma de la organización, el resultado inevitable es la irrelevancia o, como en este caso, la desaparición temporal del escenario. El silencio que ahora ocupará el espacio de Acción Popular en las próximas elecciones resuena como una advertencia severa para el resto del espectro político: la impunidad ante el fraude interno y la cultura del atajo terminan por consumir, inexorablemente, a quienes las practican. La lampa, en su intento desesperado por cavar la tumba del adversario, ha terminado por hacer su propia fosa.