DESCOMPRIMIR AL PERÚ NO SIGNIFICA BORRAR RESPONSABILIDADES: EL RIESGO DE CONFUNDIR RECONCILIACIÓN CON IMPUNIDAD

La propuesta planteada por Jorge Nieto sobre la posibilidad de que Keiko Fujimori considere un indulto para Pedro Castillo vuelve a colocar sobre la mesa uno de los debates más delicados de la política peruana: la diferencia entre la necesidad de reconciliación nacional y la obligación de preservar la vigencia del Estado de derecho. En un país agotado por años de enfrentamientos, crisis institucionales y polarización permanente, la idea de “descomprimir” el ambiente político puede resultar atractiva para amplios sectores de la ciudadanía. Sin embargo, convertir esa aspiración en una justificación para revisar una condena vinculada a un intento de ruptura del orden democrático implica abrir una discusión que exige prudencia, coherencia y respeto por las instituciones.

La crisis peruana no nació con Pedro Castillo ni terminará con su permanencia en prisión. La fractura social que atraviesa al país es el resultado de décadas de desconfianza hacia la clase política, desigualdades persistentes y una incapacidad crónica para construir consensos duraderos. Pretender que la liberación de una figura política pueda resolver un problema de tal magnitud constituye una simplificación que corre el riesgo de alimentar nuevas tensiones en lugar de reducirlas. La estabilidad democrática no se fortalece mediante decisiones simbólicas que generan interpretaciones contrapuestas, sino mediante reglas claras aplicadas de manera consistente para todos los ciudadanos.

El caso de Pedro Castillo posee además una carga institucional particularmente sensible. Su caída del poder estuvo asociada a hechos que fueron interpretados por la justicia como una vulneración grave del orden constitucional. Por esa razón, cualquier planteamiento relacionado con un eventual indulto no puede analizarse únicamente desde una perspectiva política o emocional. Debe evaluarse también el mensaje que recibiría la sociedad respecto de la responsabilidad de quienes ejercen los más altos cargos del Estado. Una democracia sólida necesita mecanismos de reconciliación, pero también requiere límites precisos que eviten la percepción de que determinadas conductas pueden quedar sujetas a negociaciones coyunturales.

La propia Keiko Fujimori ha señalado anteriormente que un eventual indulto solo podría contemplarse bajo criterios estrictamente humanitarios y vinculados a la salud, posición que intenta situar el debate dentro de parámetros legales y no políticos. Esa distinción resulta relevante porque impide que una medida excepcional se convierta en una herramienta de intercambio o cálculo electoral. Cuando las decisiones sobre justicia se subordinan a las necesidades de pacificación inmediata, el riesgo de erosionar la credibilidad institucional aumenta considerablemente.

La verdadera descompresión que necesita el Perú no pasa por reescribir sentencias ni por buscar atajos que permitan cerrar conflictos de manera artificial. Pasa por reconstruir la confianza en las instituciones, garantizar que las reglas se respeten independientemente de la identidad política de los involucrados y promover una cultura democrática donde las diferencias se resuelvan dentro del marco constitucional. La reconciliación auténtica exige memoria, responsabilidad y respeto por la legalidad. Cuando esos principios son reemplazados por soluciones inmediatas, el país puede experimentar una calma pasajera, pero difícilmente encontrará una estabilidad duradera. En esa diferencia esencial reside el desafío que la política peruana todavía no logra resolver.