LA INSTITUCIONALIDAD EN DISPUTA: EL COSTO DEMOCRÁTICO DE LA PRESIÓN POLÍTICA

La exigencia formulada por el fujimorismo para que José María Balcázar concluya su mandato antes del 28 de julio constituye una decisión que trasciende la disputa política cotidiana y proyecta un preocupante mensaje sobre el respeto a la institucionalidad. Cuando un sector con amplio peso parlamentario pretende redefinir los alcances de una sucesión presidencial mediante interpretaciones discutidas, la estabilidad democrática deja de depender del marco constitucional para quedar sometida a la conveniencia del momento. Esa lógica resulta incompatible con un Estado que necesita reglas previsibles y procedimientos respetados por todos.

El episodio revela una práctica política caracterizada por la utilización estratégica del poder institucional para consolidar posiciones antes que para fortalecer la confianza ciudadana. La controversia no gira únicamente alrededor de una fecha ni de un acto protocolar, sino sobre la manera en que las instituciones deben relacionarse entre sí cuando existen vacíos interpretativos. En lugar de privilegiar soluciones que preserven la continuidad del Estado y reduzcan la incertidumbre, la presión ejercida desde el Congreso transmite la impresión de que los intereses partidarios pueden imponerse sobre criterios jurídicos razonables. Esa percepción debilita la legitimidad de las decisiones públicas y alimenta un clima permanente de confrontación.

La experiencia peruana demuestra que las crisis institucionales rara vez comienzan con grandes rupturas. Generalmente se originan mediante decisiones aparentemente menores que alteran precedentes, modifican prácticas consolidadas y erosionan gradualmente la confianza en las normas. Precisamente por ello, cualquier cambio relacionado con la transmisión del poder exige fundamentos constitucionales sólidos y un consenso suficientemente amplio. Actuar de otra manera implica abrir espacios para interpretaciones oportunistas que podrían repetirse en circunstancias futuras con consecuencias todavía más graves.

La fortaleza de una democracia no depende exclusivamente de la existencia de leyes, sino también de la disposición de los actores políticos para respetar su espíritu. Cuando la autoridad de las instituciones se utiliza como instrumento de presión, el equilibrio entre poderes pierde consistencia y la ciudadanía percibe que las reglas pueden adaptarse según la correlación de fuerzas existente. Esa sensación profundiza el desencanto con la política y fortalece la idea de que las decisiones públicas responden únicamente a intereses coyunturales.

El precedente adquiere especial relevancia porque ocurre en un contexto marcado por años de inestabilidad, sucesiones extraordinarias y enfrentamientos constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo. En semejante escenario, cualquier actuación que incremente la incertidumbre institucional produce efectos que trascienden el episodio inmediato. Cada controversia mal resuelta amplía la distancia entre la ciudadanía y sus representantes, mientras la credibilidad del sistema continúa deteriorándose.

La controversia alrededor del término del mandato de Balcázar debería convertirse en una oportunidad para reafirmar el valor de la institucionalidad y no para redefinirla según intereses circunstanciales. La democracia requiere actores capaces de contener sus propias ambiciones cuando estas amenazan el equilibrio constitucional. Mientras prevalezca la tentación de utilizar el poder para alterar reglas discutibles en beneficio político, el país seguirá atrapado en un ciclo donde la incertidumbre reemplaza a la estabilidad y la conveniencia inmediata desplaza al auténtico respeto por el orden democrático.