Punto y Aparte

Ayer 28 de junio, las calles de Lima se convirtieron en un escenario de resistencia y celebración. Miles de personas, portando banderas arcoíris y consignas de lucha, recorrieron Jesús María en la Marcha del Orgullo 2025. El evento, que partió del Campo de Marte, no solo fue una fiesta de colores, sino también un recordatorio crítico de las desigualdades que persisten. A pesar del frío y las restricciones municipales, la comunidad LGTBIQ+ demostró, una vez más, que su presencia en el espacio público es imparable. Sin embargo, detrás de la euforia, quedaron en evidencia las contradicciones de un país que celebra la diversidad en las calles pero la niega en las leyes.   El contexto de esta edición fue particularmente adverso. Los organizadores señalaron que la marcha no solo conmemoraba la diversidad, sino que también protestaba contra el retroceso en derechos civiles. La denuncia fue clara: mientras el Estado peruano se ufanaba de autorizar el recorrido, simultáneamente promov...

Cuando un informe pericial encargado por la Fiscalía genera más dudas que certezas, es inevitable preguntarse si hubo negligencia, complicidad o simple incompetencia. El caso de las supuestas firmas falsas en los decretos firmados durante la recuperación estética de Dina Boluarte es un ejemplo perfecto de cómo una investigación clave puede desmoronarse por fallas metodológicas, omisiones sospechosas y una selección de evidencia que parece hecha a medida para favorecer a la presidenta.   El perito José Daniel Huapaya Verástegui tenía una tarea clara: analizar 91 decretos para determinar si las firmas de Boluarte eran auténticas o si, como sospechaba la Fiscalía, habían sido falsificadas mientras ella estaba incapacitada tras una cirugía. Sin embargo, su informe terminó siendo un ejercicio de selectividad cuestionable. No revisó todos los documentos, evitó precisamente aquellos emitidos en fechas críticas como el 29 de junio, cuando Boluarte estaba en plena convalecencia y justi...

El intento de reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación no es solo una cuestión jurídica; es un movimiento político que amenaza con desmantelar las pocas barreras que quedan contra la corrupción en el Perú. Su posible retorno al Ministerio Público no solo beneficiaría a Dina Boluarte, investigada por casos como Rolex, las protestas mortales y Qali Warma, sino que también blindaría a decenas de congresistas acusados de delitos graves. La democracia peruana, ya debilitada por sucesivas crisis, no puede permitirse otro capítulo de connivencia entre el poder político y un sistema judicial manipulado.   Benavides ha dejado clara su postura: considera un "exceso" las denuncias contra la presidenta, a pesar de la gravedad de las acusaciones. Sus declaraciones revelan una predisposición a minimizar procesos clave, como el de genocidio por las muertes durante las protestas. Peor aún, hay indicios de un supuesto pacto entre ambas: según revelaciones periodísticas, Bolu...

No es la primera vez que la institucionalidad peruana se ve amenazada por intereses oscuros, pero lo ocurrido este 16 de junio marca un precedente peligroso. Delia Espinoza, fiscal de la Nación legítimamente designada, ha denunciado lo que muchos temíamos: un intento descarado de vulnerar la democracia. Patricia Benavides, destituida por graves irregularidades, ha buscado retomar el cargo por la fuerza, respaldada por una resolución cuestionable de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y escoltada por un operativo que raya en lo ilegal. Esto no es solo una pugna de poder; es el síntoma de una enfermedad más profunda: la impunidad que se resiste a morir.   El mensaje de Espinoza es claro: su remoción forzada no sigue ningún procedimiento legal, sino que es una maniobra política disfrazada de formalidad. Lo más grave no es solo el atropello a su autoridad, sino el mensaje que envía a la ciudadanía. Si una fiscal destituida por manipulación de investigaciones como fue el caso de Be...

No sé si es valentía o marketing, pero Andrés Roca Rey ha vuelto a colocar su nombre en el centro del debate taurino. Su anuncio de encerrarse con seis toros en Acho, durante la Feria del Señor de los Milagros, no es solo un desafío físico y técnico, sino una jugada calculada para reavivar su figura en un momento en que el toreo necesita, más que héroes, circo. Lo dijo con esa retórica grandilocuente que tanto gusta a sus seguidores: "Esta encerrona es mi manera de renacer para seguir cumpliendo sueños" . Bonito, sí, pero detrás de la épica hay un negocio, una necesidad de reinventarse antes de que la rutina lo convierta en un torero más del montón.  Roca Rey no es ajeno a estos gestos. Desde su irrupción en el toreo, ha sabido mezclar torería con teatralidad, algo que en Perú donde el fervor taurino es casi religioso funciona a la perfección. Pero hay que preguntarse si esta encerrona es realmente un acto de amor al arte o una estrategia para mantener relevancia en una plaza...

El Congreso ha dado un paso más en su intento por convertir la impunidad en ley. La reciente aprobación del dictamen que otorga amnistía a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno no es solo un error jurídico, sino una traición a la memoria de las víctimas. Con 15 votos a favor en la Comisión de Constitución, liderada por Fernando Rospigliosi, se confirma lo que ya sospechábamos: para ciertos sectores políticos, la justicia es negociable cuando se trata de proteger a los suyos.   El argumento de sus promotores que estos agentes del Estado  "combatieron el terrorismo" es una simplificación peligrosa. Nadie discute la necesidad de enfrentar a grupos subversivos, pero eso no justifica crímenes de lesa humanidad. Casos como Accomarca, Putis o las fosas comunes de Ayacucho no fueron actos de guerra legítimos, sino masacres sistemáticas contra poblaciones indefensas. Pretender equiparar la lucha antiterrorista con ...

El impedimento de salida del país dictado contra Pedro Pablo Kuczynski no es solo un capítulo más en la interminable saga de corrupción que atraviesa el Perú. Es, más bien, un reflejo distorsionado de un sistema judicial que oscila entre la urgencia punitiva y la inconsistencia procesual. A sus 87 años, el expresidente enfrenta una medida que, aunque legal, no está exenta de cuestionamientos sobre su oportunidad y motivación. La jueza Margarita Salcedo redujo a 18 meses el pedido inicial de la Fiscalía que buscaba 36, pero incluso ese plazo parece más un acto de equilibrio político que una decisión técnica.    El argumento del fiscal Carlos Puma Quispe sobre el "inminente peligro de fuga" resulta peculiar. Kuczynski no huyó durante los siete años que duró la investigación, ni cuando su salud se deterioró, ni cuando las acusaciones se multiplicaron. ¿Por qué lo haría ahora, cuando su avanzada edad y su perfil público lo convierten en un fugitivo improbable? La alerta migrato...